La Justicia le puso límite al ajuste: cumplan la Ley y transfieran fondos a las universidades
Hay un límite para el relato y hay un límite para el ajuste. Esta semana, ese límite volvió a marcarlo la Justicia. El juez federal Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado Nacional a dar efectivo cumplimiento, en un plazo perentorio de cinco días, a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria N.º 27.795. Y lo hizo bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
No es una resolución más. Es un nuevo capítulo de algo que venimos señalando desde la UCR de la Ciudad: una ley sancionada por el Congreso y vigente no puede quedar subordinada a la voluntad política del Poder Ejecutivo. La cautelar obliga a cumplir dos puntos fundamentales de la ley: la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios y la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El sector universitario viene reclamando, además, una recomposición del 32,5% por la pérdida salarial acumulada.
Y esto no empezó ayer.
La medida cautelar fue dictada originalmente en diciembre de 2025, luego confirmada en segunda instancia y finalmente quedó firme cuando, el 25 de junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado Nacional. El Gobierno también promovió recusaciones contra magistrados por su actividad docente universitaria y planteó el apartamiento de integrantes de la propia Corte. Esos planteos fueron rechazados.
Ahora Cormick volvió a ser claro: verificó que “no existe cumplimiento total de la cautelar” y otorgó cinco días para su efectivo cumplimiento.
Como Secretario General de la UCR CABA, como militante de un partido atravesado desde hace más de un siglo por los valores de la Reforma Universitaria y como alguien profundamente orgulloso de la Universidad de Buenos Aires, le exigimos al presidente Javier Milei: cumpla la ley. Transfiera los fondos que corresponden.
No estamos hablando de una discusión presupuestaria menor. Estamos hablando del presente y del futuro de la universidad pública argentina.
Desfinanciar la universidad no es ahorrar: es hipotecar el futuro.
Cada docente que abandona un aula porque su salario no alcanza, cada investigador que decide continuar su carrera fuera del país y cada estudiante que debe dejar sus estudios porque no puede sostenerlos representan una pérdida para la Argentina.
La universidad pública es una de las herramientas más importantes de movilidad social que construyó nuestro país. Defenderla es defender la posibilidad de que una persona, independientemente de dónde haya nacido o cuánto dinero tenga su familia, pueda estudiar, formarse y progresar.
El Poder Ejecutivo gobierna dentro de la Constitución y las leyes. Las diferencias políticas o presupuestarias pueden discutirse. Las decisiones del Congreso y las resoluciones judiciales vigentes deben cumplirse.
Desde la UCR porteña exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional a dar cumplimiento efectivo a la intimación dispuesta por el juez Cormick dentro de los cinco días establecidos, sin nuevas dilaciones.
Y vamos a seguir estando donde siempre estuvo el radicalismo: defendiendo la educación pública, la autonomía universitaria y el derecho de los argentinos a estudiar y progresar.
Porque defender la universidad pública es defender el futuro de la Argentina.
