La Justicia resguarda el patrimonio porteño: las claves del fallo Santa Catalina
La reciente decisión de la Justicia ha frenado la construcción de un edificio de 29.000 m² junto al convento de Santa Catalina, un emblemático lugar en la Ciudad de Buenos Aires, y ha reabierto el debate sobre la protección del patrimonio porteño. Según el arquitecto Andrés Borthagaray, la medida judicial responde a la “suspensión del cambio de uso de un terreno en una área protegida”.
Borthagaray explicó que “el Ejecutivo había autorizado la construcción de un inmueble con tres subsuelos, dos de estacionamiento y uno de oficinas”, una decisión que fue puesta en tela de juicio por exceder las atribuciones del Poder Ejecutivo. “La Constitución le da esa autoridad a la Legislatura, no al Poder Ejecutivo”, subrayó el arquitecto, enfatizando que la medida carecía de validez.
A pesar de la controversia en torno a la cuestión, la cautelar dictada por el fuero Contencioso Administrativo y Tributario impide cualquier avance administrativo relacionado con el proyecto. Además, el recurso presentado propone alternativas, como convertir el terreno en una plaza en lugar de erigir una nueva torre.
El especialista en urbanismo recordó que este no es un incidente aislado en la zona: “En 2011 ya se había intentado construir una torre, se presentó un recurso y la Justicia lo frenó”. Borthagaray también enfatizó que el Gobierno porteño ha impulsado el Código Urbanístico, pero, a pesar de ello, “se tomó una atribución que no le correspondía”.
La zona donde se busca desarrollar el proyecto es de alta sensibilidad patrimonial, ya que “estamos hablando de un Monumento Histórico Nacional”. Borthagaray advirtió que intervenciones en áreas como esta requieren normativas especiales y que “una torre de esa altura y con tantos subsuelos genera vibraciones e impacto ambiental”.
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El debate sobre el proyecto coincide con la crisis del microcentro porteño, donde, según el arquitecto, “lo que más le falta son espacios verdes”. Borthagaray sugirió que “si se conectara este espacio de Santa Catalina con la Dársena Norte, la ciudad podría empezar a mirar al río, algo que Buenos Aires todavía se debe”.
La decisión de la Justicia y la activa participación de la sociedad civil han permitido frenar este proyecto inmobiliario, forzando al Ejecutivo a respetar la cautelar. “Por suerte la sociedad civil está activa”, concluyó Borthagaray, destacando la importancia de la intervención comunitaria en la protección del patrimonio.
Finalmente, el debate reabierto pone el foco en la tensión permanente entre el desarrollo moderno y la conservación de la memoria urbana. Mientras se espera una sentencia definitiva, el predio de Córdoba y Reconquista seguirá funcionando como un estacionamiento al aire libre, bajo la mirada vigilante de quienes consideran que el patrimonio de Buenos Aires no tiene precio. “Seguramente van a apelar porque ellos presentaron sus argumentos, pero nosotros seguiremos firmes en la defensa de este monumento histórico nacional”, concluyeron desde las organizaciones civiles.
