La Legislatura fue sede de un seminario internacional sobre violencia policial
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede el jueves 22 de octubre del cierre del Seminario Internacional Interuniversitario sobre Violencia Policial, una iniciativa que reunió a especialistas, docentes, investigadores y representantes de organismos públicos y de derechos humanos de Argentina, Brasil y Chile para debatir sobre violencia institucional, políticas de seguridad y mecanismos de prevención y control de las fuerzas policiales.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) tuvo un papel central en la organización del encuentro, a través de la Cátedra del profesor Alejandro Slokar de la Facultad de Derecho, junto con la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal de Paraná, de Brasil, y la Universidad de O’Higgins, de Chile. Las primeras tres jornadas se desarrollaron en el Salón Vélez Sarsfield de la UBA, donde se abordaron cuestiones vinculadas con el sistema penal, las condiciones de encierro, la litigación judicial, el uso de la fuerza y las políticas públicas de seguridad desde una perspectiva regional.
Durante el cierre, el legislador Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña, advirtió sobre la relación entre la violencia institucional, el deterioro de las condiciones de vida y la criminalización de la protesta social.
“Cuando se deterioran salarios y jubilaciones, se debilitan servicios públicos y se restringen derechos, crecen los reclamos. Cuando la respuesta es la represión, la fuerza policial se convierte en una herramienta para sostener ese modelo regresivo y desalentar la organización popular”, sostuvo La Blunda.
Por su parte, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y profesor titular de la UBA, Alejandro Slokar, cuestionó los indicadores utilizados para evaluar las políticas de seguridad y advirtió sobre el incremento de las muertes vinculadas con la actuación de las fuerzas policiales.
“Desde 2022, la tasa de homicidios se redujo hasta alcanzar un indicador del 14% actual. Nadie dice nada acerca del incremento de más del 57% de los casos identificados con intervenciones policiales. Y tampoco nadie dice nada acerca del incremento del 32% de las muertes bajo custodia policial”, señaló Slokar.
La Blunda también se refirió a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad y garantizar respuestas institucionales frente a las denuncias de violencia policial. En ese sentido, mencionó los 2.670 hechos de violencia institucional registrados durante 2025 por el Ministerio Público de la Defensa, de los cuales el 75 por ciento incluyó violencia física, y destacó el trabajo legislativo para reforzar la revisión judicial de las detenciones y las garantías constitucionales.
“La violencia institucional compromete la calidad de nuestra democracia. Cada detención arbitraria, cada golpe bajo custodia y cada amenaza a quien denuncia exige investigar responsabilidades y revisar las prácticas que los hacen posibles”, afirmó el legislador.
En esa misma línea, Slokar planteó la necesidad de analizar las consecuencias sociales de las prácticas represivas y la responsabilidad de las instituciones democráticas frente a la violencia estatal.
“En un momento en que la sociedad argentina atraviesa una altísima tensión social y hasta casi el debilitamiento de los lazos de convivencia comunitaria, todo aquello que callemos y no hagamos hoy, mañana deberemos obedecer. Esta situación exige una alerta porque estamos en una emergencia social en materia represiva”, advirtió el magistrado. Slokar también señaló que los derechos humanos deben contemplarse dentro de las fuerzas de seguridad y advirtió sobre el aumento de los suicidios entre sus integrantes, que, según sostuvo, supera largamente el 30% mencionado por las autoridades, en un contexto de incremento general de los suicidios. Asimismo, destacó la «muerte por abandono», que vinculó con situaciones en las que “el Estado abandona a su suerte a los sectores más vulnerables, esencialmente los jóvenes”.
Durante su intervención, La Blunda también recordó que el cierre del encuentro coincidió con el Día Nacional del Derecho a la Identidad y el 49.º aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. En su condición de nieto restituido, vinculó las conquistas del movimiento de derechos humanos con los desafíos actuales de la democracia y la necesidad de sostener el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
La jornada de cierre contó con la presencia de los legisladores Delfi Velázquez y Alejandro Grillo, junto con representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S., la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros organismos de derechos humanos.
La realización de esta última jornada en la Legislatura porteña permitió articular el debate académico con la participación de organismos públicos y de derechos humanos, en el marco de una iniciativa orientada a promover el intercambio regional de experiencias y fortalecer las herramientas institucionales destinadas a prevenir la violencia policial, garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos fundamentales.
