La nueva ley de propiedad privada genera alarma en inquilinos
Una agrupación de inquilinos denunció que el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se discute en el Senado abriría la puerta a desalojos rápidos y sin margen de reparación para quienes tengan incluso retrasos mínimos en el pago del alquiler. La medida, que modifica tramos del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, plantea juicios sumarísimos para casos de falta de pago, intrusión o toma de inmuebles, lo que acelera hasta extremos inéditos el proceso de desalojo.
La organización Inquilinos Agrupados alertó que la normativa dejaría en situación de vulnerabilidad económica y social a miles de familias que alquilan vivienda en Argentina. Gervasio Muñoz, titular de la agrupación, señaló que el proyecto permitiría que, tras un atraso de solo tres días, el propietario intimara al inquilino y, en cinco días más, el juez ejecutara el desalojo sin que el arrendatario pueda saldar la deuda para evitarlo. Para Muñoz, eso equivaldría a que “si se atrasó, va directamente a la calle”, sin margen de negociación o arreglo posterior.
En el análisis de la organización, el texto oficial profundiza el desamparo de los inquilinos aun cuando el contexto ya es de alta precariedad: salarios en cuotas, pérdida de empleo y aumento de la informalidad laboral. Según relevamientos de Inquilinos Agrupados, la combinación de crisis habitacional y caída del poder adquisitivo hace que cualquier retraso en el pago se vuelva crítico, y el proyecto, en vez de acompañar a estas familias, endurecería las consecuencias. La norma, insisten, se instala en un entorno donde no existe “una crisis real sobre la propiedad privada”, sino un problema de economía y acceso a la vivienda.
🟠 “ELIMINA LA POSIBILIDAD DE SALDAR LA DEUDA"
— Infobae En Vivo (@infobaenvivo) April 16, 2026
El titular de Inquilinos Agrupados, advierte que el nuevo proyecto sobre la propiedad privada deja muy vulnerable al inquilino.
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Desde la agrupación contrastaron el proyecto con legislaciones comparables en seis países de la región y afirmaron que la propuesta argentina sería el régimen de desalojo “más agresivo de América Latina”. El texto fija un juicio sumarísimo, la vía más rápida del sistema judicial, y reduce el plazo de notificación de diez a tres días respecto de la normativa vigente, además de permitir que el desalojo se considere inmediato tras dos meses de deuda. Para Muñoz, eso significa que el foco se desplaza de la seguridad jurídica hacia la comodidad de los propietarios, sin equilibrar las cargas entre ambas partes.
El debate en el Senado se está desarrollando en paralelo con una fuerte movilización de organizaciones de vivienda y derechos humanos, que advierten que más de cinco millones de personas podrían quedar jurídicamente desprotegidas si se sanciona la ley tal como está redactada. Estas entidades subrayan que la medida no solo afecta a inquilinos individuales, sino también a barrios populares y sectores vulnerables, donde la precariedad habitacional ya es una realidad estructural. La agrupación reclama ajustes en el texto para reintroducir mecanismos de regularización de deudas y evitar desalojos automáticos por deudas menores o coyunturales.
Mientras las comisiones legislativas continúan el tratamiento del proyecto, Inquilinos Agrupados anunció que mantendrá tanto la presión institucional como la movilización social para intentar frenar o modificar los artículos que afectan el régimen de desalojos. El Senado deberá definir en las próximas sesiones si avala esta reforma de la propiedad privada, con el desafío de articular un equilibrio entre la protección de los dueños y el derecho a la vivienda de quienes alquilan en un contexto de marcada crisis económica.
