La rutina de lo extraordinario no aliviana el ritmo político

Como se comentaba en los pasillos, el PRO estaba a punto de abandonar su postura de apoyo al Gobierno, dejando en claro que no perderá uno de sus principales lemas de campaña: la transparencia. En política, los tiempos cambian, pero las consignas se mantienen a lo largo de los tiempos.

Por ese motivo, el jefe de la bancada en el Senado, Martín Göerling Lara admitió que “la situación no da para más” y si se presentara un pedido de remoción o de censura contra el jefe de Gabinete en la Cámara Alta, desde el partido van a acompañar la decisión legislativa.

La moción de censura es un recurso que nunca se ha utilizado desde que la figura fue incorporada en la Reforma Constitucional de 1994, no obstante, en los últimos años fue esgrimida en reiteradas ocasiones.

Cabe destacar que en octubre de 2025 estuvo en el ojo de la tormenta el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que poco después abandonó su puesto. En ese momento, un sector de la oposición logró dejar preparado para llevar al recinto el pedido de interpelación, que incluía una posible moción de censura por el incumplimiento gubernamental con la ley que declaraba la Emergencia en Discapacidad.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó la institución del jefe de Gabinete de Ministros, cuya responsabilidad y atribuciones se establecen en el artículo 100 del texto constitucional. Para que la moción de censura sea posible se necesita la mayoría absoluta, calculada sobre el total de los miembros. La reforma situó, por tanto, la institución del jefe de Gabinete entre el presidente de la Nación y los "demás ministros secretarios", fijando con ello el vínculo constitucional y político entre las tres instituciones.

La relación entre el Congreso y el Jefe de Gabinete consiste en una de las técnicas de control constitucional entre titulares de poderes que se desempeñan en los niveles más altos de la gestión estatal. Reglamentariamente, de acuerdo al artículo 101 del Reglamento, el jefe de Gabinete puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras y puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras. En suma, sin los votos de los aliados con los que hasta ahora contó el mileísmo, estos números son alcanzables para la oposición y, por ende, es matemáticamente posible la destitución de Manuel Adorni.

Pulsión de goleada

En el abanico de temas son muchas las materias a dirimir. En el Ejecutivo conocen que el modo de opacar la embestida política por el caso de Adorni es no pausar las disputas. En consecuencia, por estos días la bajada de línea es que los funcionarios gubernamentales no viajen al mundial y permanezcan activos. La intención ahora es conseguir dictamen para el proyecto de los holdouts, que ya cuenta con media sanción y la figurita estelar que representa el Súper RIGI. Todo está dado para continuar la cadencia y sesionar el próximo 25 de junio. Mientras que en Senado pretenden tratar y aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que preocupa a propios y extraños y aún no cuenta con los votos. También pretenden avanzar con la Ley Hojarasca y con las reuniones que aseguren que la reforma electoral será votada.

La carrera hacia 2027 ya comenzó hace tiempo y en todos los espacios políticos ya discuten el tema. El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria-CABA) advirtió que el peronismo debe acelerar su proceso de reunificación de cara a las próximas elecciones y sostuvo que el principal desafío de la oposición es construir una alternativa capaz de enfrentar las políticas del gobierno nacional. "El objetivo del gobierno es destruir el Estado, nosotros estamos tratando de pararlos desde el primer día", señaló. En ese marco, el diputado explicó su participación en el ayuno encabezado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en Plaza de Mayo, aclarando que "acompañé a Adolfo Pérez Esquivel en su ayuno por la toma de conciencia. Tenemos cinco premios Nobel que estudiaron en la escuela pública y en la universidad pública".

Con una apreciación diferente, el diputado Eduardo Falcone (MID-PBA) se refirió a otro de los tópicos de la bitácora legislativa y presentó una propuesta de modificación al proyecto de ley del denominado “Súper RIGI”, para que las empresas que accedan a beneficios fiscales realicen aportes concretos al desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. Señaló que “el MID le pide cambios al oficialismo: propone que la baja del Impuesto a las Ganancias al 15% esté condicionada a que la empresa invierta en I+D local y aporte para financiar Becas Belgrano, que promueve el acceso, avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas que resultan clave para el desarrollo del país”. El texto al que refiere plantea que las compañías adheridas al régimen puedan reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 20% o al 15%, siempre que destinen parte de sus inversiones a actividades de investigación, desarrollo e innovación, convenios con universidades y organismos científicos, financiamiento de Becas Manuel Belgrano y programas de fortalecimiento de proveedores locales. Traspiés y repercusiones, más allá de la Scaloneta

Desde tiempos inmemoriales, los deportes han servido para enfriar el clima social colectivo y el Mundial 2026 no será la excepción. El consumo de yerba, leche y carne continúa en retroceso, así como es notorio el decrecimiento de la capacidad industrial y del turismo interno. Sin embargo, el ambiente mundialista echa una densa neblina y una tensa calma sobre estos tópicos que calientan la agenda social.

Durante las últimas jornadas hubo dos notas que alarmaron a varios legisladores. En primer lugar, el avance del oficialismo sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) abrió un nuevo frente de conflicto legislativo. Desde varias bancas aparecieron textos con el propósito de proteger al organismo, cuestionar las medidas adoptadas por la comisión supervisora y exigir explicaciones sobre su futuro funcionamiento. Las presentaciones surgieron después de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) aprobara una serie de resoluciones que reforzaron su control sobre la oficina técnica encargada de analizar el costo fiscal de las leyes, evaluar el presupuesto nacional y estudiar la evolución de la deuda pública.

Es fundamental recordar que este organismo es técnico y funciona desde 2016. Ha sido tomado como referencia por su trabajo en evaluar el costo real de las leyes votadas y tomó especial reconocimiento en torno a la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario. El Diputado Juan Carlos Giordano (Frente de Izquierda) cargó contra la acción gubernamental. “Es una nueva acción antidemocrática y dictatorial del Gobierno contra este organismo, que entregaba datos concretos acerca del financiamiento en la Universidad y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Asimismo, entregaba datos sobre los pagos de Deuda Externa. Es un organismo que cuenta con profesionales probados, por eso no solo repudiamos esta medida, sino que pediremos que se revea”.

El otro tema que se abrió por estos días tiene como eje al Poder Judicial. El gobierno oficializó los cambios en el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema y eliminó la mayoría de los controles civiles. Con una aguda percepción, el legislador Giordano subrayó que “tales hechos demuestran una vez más la intención del poder de contar con jueces afines. Los jueces no pueden ser elegidos en connivencia entre el oficialismo, el PRO y el peronismo. Por el contrario, deben ser elegidos por el voto popular, sus cargos no pueden ser vitalicios. Además, deben ganar lo mismo que un trabajador y su cargo debe ser revocable ante sospechas de parcialidad”.

El Decreto 467, publicado este martes en el Boletín Oficial, dispuso cambios en los decretos 222 y 588 del año 2003, que reglamentaron las leyes que establecen los mecanismos para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos. La reforma, impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina la instancia de observaciones e impugnaciones ciudadanas a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. La medida añade otro tema que atraerá polémicas: deja sin efecto la recomendación para que se tomen en cuenta criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los candidatos.