La SIGEN endurece auditoría en empresas públicas
La SIGEN avanzó con un nuevo esquema de control interno para las empresas con participación estatal mayoritaria, con el objetivo de recortar márgenes de discrecionalidad y reforzar la rendición de cuentas. La medida introduce una lógica más estricta de supervisión sobre sociedades como YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA y ARSAT.
El cambio central pasa por un modelo de gobierno societario que obliga a cada empresa a adoptar un código propio basado en lineamientos comunes. Ese esquema incorpora el principio de “cumplir o explicar”, por el cual cualquier recomendación que no se aplique deberá ser justificada y documentada.
Según el organismo, la nueva normativa busca que los directorios dejen de limitarse a tareas de administración y asuman un rol más activo en la conducción estratégica. La idea es que participen de manera directa en la definición del rumbo, el control de la gestión y la supervisión de resultados.
La SIGEN también apunta a ordenar la trazabilidad de las decisiones y a reducir los márgenes de improvisación dentro de las empresas públicas. En ese sentido, el nuevo modelo incorpora mecanismos de integridad, reglas internas más claras y canales de denuncia para prevenir desvíos o irregularidades.
Otro aspecto relevante es que el texto fija límites precisos de aplicación para evitar superposiciones con otros regímenes regulatorios. De ese modo, las entidades que ya están alcanzadas por normativas específicas quedan excluidas del nuevo esquema general.
El organismo sostiene que la reforma se apoya en estándares internacionales de control y gobierno corporativo, y que busca modernizar la relación entre el Estado y sus compañías. La intención es pasar de un control entendido como freno a otro concebido como herramienta para mejorar la gestión.
En el fondo, la medida expresa una señal política sobre el modo en que el Gobierno quiere administrar sus empresas públicas: con más supervisión, más responsabilidad de los directorios y menos espacio para decisiones discrecionales. La SIGEN plantea que ese viraje es clave para fortalecer la confianza pública y ordenar la gestión estatal.
