Milei habilita fondos para universidades y advierte sobre el déficit

El Gobierno nacional se encuentra ante un escenario crítico en materia presupuestaria luego de que la Justicia ratificara la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, que lo obliga a incrementar las partidas destinadas a las casas de estudio. La administración libertaria tiene plazo hasta este viernes por la mañana para cumplir con el fallo, mientras en la Casa Rosada ya anticipan que la medida tendrá un fuerte impacto en las cuentas públicas.

Según estimaciones oficiales, el costo de aplicar la ley asciende a unos 2,5 billones de pesos, una cifra que el Poder Ejecutivo considera difícil de absorber sin alterar su programa económico. En ese contexto, funcionarios admiten que el cumplimiento de la normativa implicaría el retorno del déficit fiscal, uno de los ejes que el Gobierno buscó eliminar desde el inicio de la gestión.

A pesar de la obligación judicial, el Gobierno analiza presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia como última instancia para frenar o dilatar la aplicación de la ley. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que existen pocas probabilidades de obtener un fallo favorable que suspenda la medida, por lo que ya evalúan alternativas para instrumentar el pago de manera escalonada.

Médicos y alumnos de la UBA llevan a cabo clases publicas y dan servicios de salud gratuitos durante 24 horas en Plaza Houssay en reclamo por el financiamiento universitario.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/foI3zDzSqj

— Corta (@somoscorta) April 15, 2026

El conflicto tiene origen en la sanción de la ley por parte del Congreso el año pasado, impulsada por bloques opositores y sectores dialoguistas, que lograron incluso revertir el veto presidencial. La normativa establece una recomposición de los fondos universitarios, en un contexto de fuerte deterioro salarial y presupuestario en el sistema educativo superior.

Dentro del Ejecutivo sostienen que la implementación plena de la ley comprometería el equilibrio fiscal alcanzado tras meses de ajuste, y advierten que el impacto no solo sería inmediato sino también estructural. Por eso, mientras avanzan en la estrategia judicial, también trabajan en mecanismos administrativos que permitan cumplir parcialmente con el fallo sin desbordar el gasto público.

El desenlace del conflicto marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el sistema universitario, que atraviesa una crisis sostenida por la caída del poder adquisitivo y la falta de financiamiento. En ese marco, la decisión que adopte la Corte Suprema y la forma en que el Ejecutivo ejecute los pagos serán determinantes para el rumbo fiscal y educativo en los próximos meses.