Misiones judicializa el DNU de Milei por la Ley de Tierras
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, decidió recurrir a la Justicia para intentar frenar los efectos de la derogación de la Ley de Tierras y proteger el territorio provincial. La decisión se formalizó mediante el Decreto N.º 1935, a través del cual instruyó al Fiscal de Estado, Eduardo Duarte, a iniciar las acciones judiciales que considere necesarias para defender los intereses de la provincia.
Ante ese escenario, Passalacqua sostuvo que la vigencia del DNU coloca a Misiones en una situación de vulnerabilidad y cuestionó sus posibles consecuencias sobre el territorio provincial. En los fundamentos de la medida, el gobernador advirtió que la nueva situación podría afectar la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico y social de la provincia.

“No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó el mandatario al explicar la decisión. Passalacqua también remarcó las características particulares de Misiones, una provincia que posee más del 90% de sus límites fronterizos con Brasil y Paraguay, además de una biodiversidad considerada estratégica y una estructura productiva en la que tiene un papel relevante el pequeño productor.
El decreto establece que la Fiscalía de Estado deberá intervenir ante aquellas operaciones que puedan afectar los derechos e intereses del Estado provincial. Desde el gobierno misionero sostienen que la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros puede tener impacto sobre el control de los recursos naturales, la integridad territorial y aspectos vinculados con la seguridad provincial y municipal.
Con esta decisión, Misiones se convirtió en una de las primeras provincias en avanzar judicialmente después del fallo de la Corte Suprema y abrió un nuevo capítulo en la discusión por el régimen de tierras rurales. Passalacqua anticipó que la provincia actuará “en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes” para defender su territorio, mientras el debate sobre los alcances del DNU 70/2023 vuelve a instalarse en el escenario político y judicial nacional.