Ni Una Menos: las mujeres colmaron la Plaza del Congreso
Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, miles de mujeres y diversas agrupaciones feministas se concentraron este miércoles frente al Congreso de la Nación en el marco de la 11ª marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos. La movilización, que recorrió el centro de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo marcada por un clima de profunda conmoción tras el reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que reavivó el reclamo urgente por políticas efectivas de protección.
En los alrededores del Palacio Legislativo, el paisaje se cubrió de banderas y carteles que denuncian la persistencia de la violencia machista en el país. Organizaciones sociales realizaron intervenciones visuales con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, una cifra alarmante que traduce la tragedia en estadísticas brutales: en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas. Las imágenes de las víctimas, acompañadas de sus nombres y edades, transformaron la Plaza del Congreso en un espacio de memoria y denuncia colectiva.
El pedido de justicia fue el eje central de las pancartas que portaban tanto organizaciones como ciudadanos que se sumaron de forma espontánea. Mensajes como “¡Prohibido olvidarte!” en memoria de Alicia Vallejos, o reclamos directos por el caso de Florencia Albornoz -cuyo cartel sentenciaba: “que la sociedad te juzgue ya que la Justicia no lo hizo”-, evidenciaron el malestar social ante la respuesta de las instituciones judiciales. La vereda de la plaza exhibió más de 120 fotografías de mujeres cuyas vidas fueron truncadas, desde niñas de 9 años hasta adultas de más de 40.
Pasadas las 16:00 horas, el movimiento en la zona se intensificó con la llegada constante de manifestantes por las calles laterales. El color violeta, símbolo histórico de la lucha por la igualdad de género, predominó en pañuelos, prendas y banderas, unificando el reclamo de una multitud diversa que aguardaba la lectura del documento oficial. La masividad de la convocatoria reflejó que, a más de una década de la primera marcha, la demanda por el cese de la violencia hacia las mujeres sigue siendo una prioridad en la agenda social.
[NUEVO] “Ni Una Menos”: fuerte caída de los fondos destinados a políticas de género en la gestión de Javier Milei
— Chequeado (@Chequeado) June 3, 2026
👉 La inversión en 8 programas analizados cayó casi un 95% real entre 2023 y 2025.
👉 Seis de esos programas fueron eliminados o absorbidos por áreas de los… pic.twitter.com/ig4IdmwtGh
La movilización se produce apenas una semana después de que la Corte Suprema de Justicia publicara su informe anual, el cual reveló que en 2025 se registraron 200 femicidios en el país. Si bien la cifra representa una baja respecto de los 228 casos contabilizados en 2024, las organizaciones advierten que la meseta sigue siendo extremadamente alta y que la violencia no cede. Este contexto estadístico refuerza la necesidad de estos encuentros masivos como herramienta de presión política y visibilización de la problemática.
El documento
El colectivo Ni Una Menos leyó este miércoles, ante la multitud reunida frente al Congreso de la Nación, un documento que exigió renuncias, condenas y la restitución de políticas públicas de género, a once años de la primera marcha originada por el femicidio de Chiara Páez en Rufino, Santa Fe.
El texto arrancó con los tres femicidios que motivaron la convocatoria de este año. El más reciente, el de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, ocupa el centro de las demandas institucionales: el documento exige la renuncia del ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes responsabiliza de “la desidia organizada del poder judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”. A ese caso se suman el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y el de Noelia Romero, en Temperley, provincia de Buenos Aires.
Sobre el caso Agostina, el escrito apunta directamente a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, a quien repudia por haber calificado ese crimen como “homicidio” en lugar de nombrar la figura de Femicidio, prevista en el Código Penal. Según el documento, esa decisión “no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad”.
El texto también reclamó justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas, y exige una condena para Justo Fernando Barrientos con reconocimiento expreso del crimen como lesbicidio. Pide justicia y reparación para Sofía Castro Riglos, única sobreviviente de ese ataque. Además, reclama justicia por Mariel Jiménez, de Villa Lugano, y condena efectiva a su agresor. Pide la búsqueda activa de Camila Maidana, de Comodoro Rivadavia (Chubut), y de Delicia Mamani, desaparecida en Córdoba desde hace seis meses, oriunda de Jujuy. El escrito también menciona a Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y reclama justicia por Sofi Fernández y por Valeria Micaela Benítez.
Uno de los párrafos más contundentes del documento presenta la cifra acumulada desde la primera marcha: entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género, distribuidas en 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio. “No son números, son vidas arrancadas por la violencia machista”, afirma el texto.
El escrito también denunciaó la complicidad del Poder Judicial con las violencias de género, por la falta de respuestas, la revictimización y la demora en las investigaciones.
