Obra pública: la parálisis en el interior complica la negociación política
La obra pública se convirtió en uno de los principales componentes del ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei y, al mismo tiempo, en un foco permanente de conflicto con los gobernadores. El gasto de capital cayó hasta representar el 0,4% del PBI durante los dos primeros años de gestión, mientras que en los primeros siete meses de 2026 acumuló una baja real cercana al 10% interanual. La discusión vuelve a cobrar relevancia mientras el oficialismo necesita respaldo legislativo para avanzar con proyectos como la reforma electoral.
Los datos de ejecución presupuestaria reflejan la magnitud del recorte. Existen 1.241 proyectos activos con un crédito vigente de $2,6 billones, una cifra equivalente al 0,2% del PBI, aunque el presupuesto original contemplaba $2,9 billones. Entre enero y julio solo registraron pagos 435 obras, el 35% del total, y se ejecutó apenas el 26% de los fondos disponibles, por unos $700.000 millones.
La transferencia de recursos a las provincias también se redujo de manera significativa. En los primeros siete meses del año, la Nación giró $500.000 millones para gastos de capital, un 52% menos en términos reales que durante el mismo período de 2025. Además, el 70% de ese monto se concentró en Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis, distritos gobernados por aliados del oficialismo o por mandatarios que mantienen negociaciones frecuentes con la Casa Rosada.
Tucumán fue la principal receptora, con $11.686 millones, aunque el monto implicó una caída real del 47% interanual. Catamarca recibió $10.377 millones y se destacó por el nivel de recursos por habitante, que superó en más de 23 veces el promedio nacional. En el extremo opuesto quedaron Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones, con transferencias nulas o de escasa relevancia.
Frente a la retracción de los fondos nacionales, el Gobierno impulsa un esquema de concesiones y privatizaciones para financiar infraestructura mediante peajes. El proceso ya abarca 9.000 kilómetros de rutas y prevé extenderse a otros 12.000, aunque las primeras licitaciones se concentraron en tareas de bacheo y corte de pasto. En paralelo, se abrió la licitación para privatizar por 50 años las líneas ferroviarias del Belgrano Cargas.
Las provincias, por su parte, comenzaron a asumir obras y responsabilidades que antes estaban en manos de la Nación, pese a sus restricciones presupuestarias. Santa Fe aceptó administrar y mantener durante 20 años la Ruta Nacional A012, mientras que Chubut recibió obras viales inconclusas a cambio de una reestructuración de sus obligaciones con el Estado nacional. En tanto, la obra ejecutada directamente por la Nación también se contrajo: el gasto devengado cayó 38% real interanual, una situación que agrega presión a las negociaciones entre los gobernadores y el Gobierno.
