Privatizar Aerolíneas, pero sin apuro: la estrategia del oficialismo
El Gobierno nacional mantiene su postura de avanzar hacia la privatización de Aerolíneas Argentinas como parte de su agenda de reducción del Estado, si bien fuentes oficiales y legislativas coincidieron en que no será un objetivo prioritario en el inicio de 2026. A pesar de ratificar la intención política de desprenderse de la línea de bandera, se entiende que por ahora hay otras empresas estatales más maduras para llamar a licitación.
Según funcionarios de la Casa Rosada, el foco en este arranque de año estará puesto en compañías que ya cuentan con aval legislativo y procesos de saneamiento más avanzados, lo que permitiría concretar antes la privatización de esos activos. Ese enfoque contempla la postergación del tratamiento en el Congreso de un proyecto específico para Aerolíneas Argentinas, que el año pasado no logró llegar al recinto por falta de votos suficientes.
El argumento detrás de esta estrategia es que Aerolíneas Argentinas opera hoy en una situación diferente a otras firmas estatales, con un superávit operativo que la coloca en un estatus menos urgente de venta. Al cierre de 2024 la línea aérea registró ganancias por US$20,7 millones, y además anunció la incorporación de 18 nuevos aviones entre 2026 y 2027, lo que perfiló una expansión de su flota y su presencia en el mercado doméstico.
Integrantes del oficialismo sostienen que para poner en marcha la privatización sólo bastaría una decisión política del Presidente, y que no hay impedimentos técnicos que impidan que ese proceso se active en cualquier momento. No obstante, admiten que por ahora la discusión se mantiene “congelada” hasta que haya condiciones políticas más favorables.
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Otro factor que pesa en la evaluación del Gobierno es el impacto que una posible venta tendría sobre el sistema aerocomercial argentino. Aerolíneas cuenta con alrededor del 60% del mercado local, y su dominio en corredores federales plantea una discusión más amplia que la simple transferencia de activos: implica redefinir la estructura del transporte aéreo en su conjunto.
Mientras el oficialismo relativiza la urgencia de la privatización, el debate público sobre este tema continúa. Sectores de la oposición y representantes de gremios aeronáuticos sostienen que la compañía debe permanecer en manos del Estado como símbolo de soberanía y conectividad federal, mientras los defensores de la iniciativa argumentan que la privatización es esencial para reducir la presencia estatal en la economía.
