Quirno en la mira del Congreso por la salida de Bolsonaro
El pedido de interpelación fue presentado por el diputado nacional Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, mediante un proyecto de resolución que contiene 91 preguntas dirigidas al titular de la Cancillería. La iniciativa busca determinar si el Gobierno tenía conocimiento de las restricciones judiciales que, según las presentaciones opositoras, impedían a Bolsonaro abandonar Brasil, y si existió alguna intervención de funcionarios argentinos para facilitar su traslado. Además, reclama registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial que permita reconstruir lo sucedido en Puerto Iguazú, Misiones.
Entre los puntos que la oposición pretende esclarecer también aparece la posible participación de Santiago Caputo, asesor presidencial, y el papel de los organismos dependientes de las áreas de Seguridad y Relaciones Exteriores. Juliano busca establecer si hubo comunicaciones entre funcionarios argentinos y brasileños, si se utilizaron recursos públicos y qué controles se aplicaron durante el ingreso y la posterior partida del senador. El caso también reavivó las críticas a la política exterior de Milei hacia Brasil, en medio de las tensiones con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En paralelo, el diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Milei por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El legislador sostuvo que es necesario investigar si se utilizaron recursos del Estado para ayudar a Bolsonaro a eludir la Justicia brasileña. En su presentación, reclamó que se identifique a los funcionarios que pudieron haber intervenido y que se preserven los registros migratorios, las comunicaciones oficiales y la documentación vinculada con el vuelo privado. Las acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia, que determinará si existen elementos para avanzar con una investigación.
La ofensiva opositora se amplió con otros pedidos de explicaciones dirigidos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Desde distintos bloques parlamentarios reclaman conocer qué intervención tuvieron la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de establecer si existió colaboración oficial en el traslado. El diputado socialista Esteban Paulón también impulsó acciones judiciales para investigar la posible responsabilidad de Milei, Quirno y Caputo. Los legisladores consideran que la gravedad del episodio exige aclarar si se cumplieron los procedimientos legales y si hubo algún tipo de asistencia excepcional.
La controversia suma presión sobre la Casa Rosada y amenaza con profundizar el conflicto político con la oposición, que exige respuestas sobre un episodio con posibles consecuencias diplomáticas para la relación entre la Argentina y Brasil. Mientras avanzan los pedidos de interpelación y las denuncias penales, el foco está puesto en determinar cómo se organizó el viaje, qué controles se realizaron y si algún funcionario intervino para facilitarlo. Por ahora, las acusaciones forman parte de iniciativas políticas y presentaciones judiciales, por lo que las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas y de las investigaciones correspondientes.
