Universidades: la Justicia impone multas diarias al Gobierno por incumplir la ley

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal impuso una multa diaria de 100.000 pesos a la Jefatura de Gabinete de Ministros por incumplir una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien consideró acreditado que el Poder Ejecutivo no cumplió con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas ni con la recomposición de los fondos destinados a becas estudiantiles. La sanción alcanza al funcionario que encabeza la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, y podría modificarse tanto en su monto como en los funcionarios involucrados.

La decisión judicial respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado continuaba sin acatar la medida cautelar, pese a las intimaciones previas. El magistrado había otorgado un plazo de cinco días para cumplir con la resolución y luego prorrogó ese período por otro plazo equivalente. Ante la persistencia del incumplimiento, hizo efectivo el apercibimiento y dispuso la aplicación de los denominados astreintes, sanciones económicas destinadas a presionar para que se cumpla una orden judicial.

El conflicto se enmarca en la controversia por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En una resolución anterior, Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la norma a la determinación de las fuentes de financiamiento. El juez ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para ponerla en marcha, mientras que el Gobierno apeló esa decisión. Sin embargo, la medida cautelar continúa vigente y la Corte Suprema de Justicia había dejado firme esa protección judicial el 25 de junio de 2026.

Entre los principales puntos de la ley se encuentra la recomposición salarial del personal universitario, con una actualización que contemple la inflación acumulada, además de ajustes mensuales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La normativa también establece la recuperación y actualización de los programas de becas estudiantiles. Según lo señalado en el expediente, la adecuación de los salarios a la variación de precios entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

El Gobierno había intentado frenar los efectos de la cautelar y solicitó que se dejara sin efecto, con el argumento de que los acuerdos alcanzados con representantes universitarios permitían atender parte de los reclamos. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo al considerar que no se había demostrado que esos entendimientos resolvieran los perjuicios denunciados ni que estuviera superado el deterioro de los ingresos del sector. La disputa también se mantiene en el terreno salarial, luego de que fracasaran las negociaciones paritarias entre las autoridades nacionales y los sindicatos universitarios.

La aplicación de la multa suma un nuevo capítulo al enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo superior. La sanción busca que la administración nacional cumpla con una orden judicial que permanece vigente, mientras continúa el debate sobre la implementación integral de la ley. En este escenario, las autoridades universitarias y los gremios sostienen sus reclamos por la recomposición salarial y presupuestaria, mientras la Justicia mantiene bajo revisión el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.