En seguridad, el PRO improvisa
El debate entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre los servicios adicionales de la Policía Federal es sólo el emergente de una parte que el problema de seguridad en la Ciudad nos plantea.
Desde la discusión sobre la creación de la Policía Metropolitana, venimos marcando que Buenos Aires debía profundizar los abordajes sobre las políticas a llevarse a cabo en materia de seguridad, y continuamos viendo los desatinos en la conformación de la nueva policía, por un lado, y la limitada concepción que Macri tiene sobre el problema, por otro. Ambas cosas con resultados muy alejados de la demanda de los vecinos.
Si hay algo positivo de la crisis con los adicionales es que reabre el debate sobre qué seguridad queremos para Buenos Aires, porque detrás de cada hospital o escuela que sufre problemas de inseguridad hay un barrio, una comuna, pacientes, alumnos, docentes y vecinos, que a diario atraviesan las mismas dificultades. No existen aisladamente, los problemas de inseguridad puertas adentro de un centro de salud, a lo sumo, es la caja de repercusión de lo que ocurre afuera.
Asimismo, la antinomia de modelos Nación-Ciudad es totalmente falsa, y un escenario cómodo para el macrismo.
Por mi parte, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se plantean en la nueva gestión nacional de seguridad, pero más allá de los trazos gruesos, eso recién está en desarrollo. La Ciudad tiene una particularidad, una problemática definida y sostenida en el tiempo con múltiples causas, y debe diseñar y planificar su propia política integral de seguridad. El gobierno de Macri ha perdido mucho tiempo en ese sentido, y jamás ha escuchado a la oposición. Muestra de ello es que ?duermen? decenas de proyectos de ley presentados por distintos legisladores, que no se discuten desde hace tiempo, y muchos de ellos contienen propuestas interesantes que aportarían no sólo a la temática, sino a la propia gestión del Ejecutivo.
Creo además que se impone que la política de seguridad en una ciudad como Buenos Aires debe ser integrada hacia adentro de las distintas áreas de gobierno, pero también hacia afuera, o sea en dimensión metropolitana. Hasta el momento, las iniciativas por articular con la provincia de Buenos Aires y la Nación, en materia de seguridad ciudadana, han sido muy pobres o meramente para la foto.
En cada tema que sobresale mediáticamente hay que encontrar la vuelta para discutir lo que realmente aporte. Para el caso, es importante solucionar rápidamente la seguridad en los establecimientos públicos que lo necesiten, pero al mismo tiempo deberíamos aprovechar para preguntarnos para qué está la Policía Metropolitana, cómo es su formación y preparación y con qué insumos estadísticos determina el Gobierno su distribución en el territorio. En los casos en que la Ciudad decida contratar seguridad privada, el Gobierno debe explicar qué objetivos públicos se van a cubrir, cuáles son las empresas que brindaran el servicio, la forma de actuación y los mecanismos de capacitación, cuál será el organismo y la forma de contralor y cuál será la forma de contratación de sus trabajadores.
Abordar la seguridad requiere de la construcción de un sistema público que no debe limitarse a la cuestión policial. Y un sistema integral de seguridad implica construir instituciones abiertas a la comunidad, foros de participación ciudadana, mapas del delito, para generar herramientas comunitarias de disuasión y prevención. En síntesis, se requiere un estado activo y presente.
Luego de casi cuatro años de gestión, nada de esto ha dejado de formar parte, en el mejor de los casos, de los discursos bienintencionados. La política de seguridad del macrismo, improvisada e inconsistente, se ha reducido a las promesas electorales que en poco tiempo volveremos a escuchar en bocas de sus candidatos. Como si nada hubiera pasado durante estos últimos cuatro años.
