Bullrich acusa a los K en la justicia por intromisión de poderes
La potestad del subte, el premetro y las 33 líneas de colectivos que comienzan y finalizan en la Ciudad parece definirse en la justicia, aunque todavía restan discusiones en el Congreso, donde el oficialismo con seguridad logrará aprobar la ratificación del acta acuerdo entre los Gobierno nacionales y de la Ciudad, y también en la Legislatura.
En ese marco, la diputada nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, acudió este jueves a la justicia para presentar un escrito solicitando que la misma ordene a la Secretaria Parlamentaria del Congreso de la Nación, la suspensión del trámite parlamentario del proyecto. El escrito recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Numero 2, a cargo de Esteban Fournari.
Entre los argumentos, la ex funcionaria del gobierno de Fernando De la Rúa sostiene que el propósito de dicha ?iniciativa legislativa? es ?sortear la exclusiva y excluyente competencia que tiene hoy el Poder Judicial para resolver el conflicto suscitado entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?.
Y agrega que ?el envío de este proyecto, en donde se ha solicitado la ratificación de un acuerdo, se basa en un acuerdo cuya vigencia solo es sostenida en forma unilateral, porque una sola de las partes, en este caso el Ejecutivo Nacional, intenta la vigencia del acuerdo, cuyo contenido, alcance y responsabilidades, están hoy sometidos al veredicto judicial; cabe destacar también que el mismo Poder Ejecutivo con fecha 8 de Marzo intima al Gobierno de la Ciudad a cumplimentar todas las obligaciones del Acta acuerdo, intimación que la realiza en forma etérea, sin modo, alcance y tiempo alguno, para simultáneamente, y sin esperar respuesta alguna, y en exceso de sus atribuciones constitucionales, envía un proyecto de ley solicitando la ratificación de un acta acuerdo, que insisto hoy se encuentra en crisis?.
Y para finalizar, entiende que ?no resiste el menor análisis y por ende la sustanciación del trámite parlamentario debe suspenderse, ya que la posibilidad de que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nación, ?proyectos? que en su acepción semántica, en su contenido intrínseco y en su base constitucional no registra admisibilidad alguna?.