La Justicia y la política porteña meten presión a los K
La resolución judicial dictada por la titular del juzgado Nº 15 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Gabriela Seijas, en la que declara la inconstitucionalidad de los artículos 178 y 188 del Código Civil, que establecen que para contraer matrimonio es necesario el consentimiento de dos personas de distinto sexo (hombre y mujer), y ordena al Registro Civil porteño a unir en matrimonio a los actores de una acción de amparo -Alejandro Freyre y José María Di Bello- si así lo desean, generó un importante revuelo en ámbitos judiciales y políticos.
"La Legislatura de la Ciudad creó la Unión Civil justamente porque no tiene competencia para modificar el Código Civil. Así como los legisladores porteños no pueden inmiscuirse en normativas nacionales, tampoco pueden hacerlo los jueces de la Ciudad. La doctora Seijas es una jueza de la Ciudad y no tiene competencia para decir si es inconstitucional o no una norma nacional. Quienes sí podrían haber realizado una acción de este tipo y plantear la inconstitucionalidad son los jueces civiles nacionales", comentó una fuente judicial a NU.
La decisión del Gobierno porteño de no apelar la medida dispuesta tendría un fuerte fundamento político y carecería de mayores razones jurídicas.
"Macri no pierde nada si no apela, y gana mucho? queda como un progresista ante la opinión pública en un momento donde muchos lo castigan con calificativos de derechista. Además gana algo más. Esto se da a los pocos días que en el Congreso, los diputados del oficialismo nacional no bajaron a sesionar cuando estaba en el temario la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre todas las personas. Por esto Macri no apela, porque los K no querían aprobar esta ley y con esta decisión él se enfrenta y se diferencia", remarcaron desde el Parlamento porteño.
La no apelación del fallo de primera instancia porteño dejaría firme la sentencia. Pero esto no impediría que la Corte Suprema de Justicia de la Nación plantee un conflicto de competencias.
"La Corte puede llegar a plantear algo, pero lo más probable es que los magistrados miren para otro lado. La forma en la que se dio este fallo es incorrecta, pero sobre el fondo casi todos ?políticos y juristas- están de acuerdo que está bien", relató un legislador.
La orden judicial podrá ser utilizada únicamente por los actores de la acción y no tendrá un carácter general. Pero nadie duda que en los próximos días, el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reciba varias acciones de amparo en el mismo sentido que la presentada por Freyre y Di Bello.
"Van a caer muchos amparos y se van a fundar en los argumentos de este fallo. Cuando ya existan varias sentencias en el mismo sentido tendrá que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y decir que es cosa juzgada, a partir de ese momento, ya no serán necesarias las acciones judiciales", dijeron desde la Justicia.
Pero el matrimonio autorizado por un juez abre una nueva complicación. ¿Qué pasa si la unión fracasa y se quieren divorciar? La ley de divorcio ?también nacional- plantea la disolución del matrimonio entre hombre y mujer, por lo que para divorciarse, la pareja homosexual también debería recurrir a la Justicia.
"Creo que para cuando se planteen divorcios el matrimonio entre personas sin distinción de sexos será ley, y junto con esa norma se modificará también la de divorcio. Igual me parece interesante recordar lo que pasó con la ley de divorcio. Cuando Raúl Alfonsín la impulsó en el Congreso se había dado una situación similar a la que se da hoy con el matrimonio homosexual. Existía una ley que no permitía el divorcio (se había permitido en un momento y luego se paró la vigencia de la norma), varios particulares plantearon la inconstitucionalidad y la Justicia hizo lugar al planteo. Existieron algunos divorcios por orden judicial y luego Alfonsín lo llevó al Congreso para que sea ley. Este caso puede ser similar y recorrer el mismo camino", consideró una fuente de la Justicia.
