Todos contentos en el Poder Judicial
Varios proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad (Ley 7) y de la Ley 1903 que organiza al Ministerio Público porteño se presentaron año tras año en la Legislatura de la Ciudad. Algunos, inspirados en la intención del propio Poder Judicial de ampliar estructuras con el objetivo de brindar un servicio de justicia más veloz; otros, fundados en la voluntad política de diluir la fuerza de un fuero (el Contencioso Administrativo y Tributario) adverso al Poder Ejecutivo que con sus fallos, impidió o dificultó en reiteradas ocasiones concretar diversas acciones de Gobierno.
Luego de varios años de avances y retrocesos, finalmente se logró un texto consensuado para la ampliación de estructuras judiciales.
Este jueves, tras un par de horas de debate, los legisladores de la Ciudad consiguieron los votos necesarios para la aprobación conjunta de la Ley 7 y de la 1903. En general, la iniciativa se aprobó con 46 votos a favor, 3 negativos y 5 abstenciones.
Pero nada es gratis. Los votos se lograron gracias al archivo de numerosos expedientes sumamente cuestionados por el Poder Judicial y varios legisladores (inclusive algunos que integran el macrismo), como la recusación de jueces sin causa expresa, la exigencia de contracautela real (garantía económica) al iniciar acciones de amparo, el régimen de astreintes (sanciones pecuniarias a funcionarios públicos por el incumplimiento de mandas judiciales sólo si la parte lo solicita), y una ley de subrogancias que hubiera permitido cubrir los nuevos juzgados con personal designado provisoriamente sin concurso.
La intención originaria del macrismo era duplicar el número de juzgados contenciosos pero con una secretaría única por tribunal; mientras la aspiración del titular del Ministerio Público Fiscal (Germán Garavano) era incrementar de 24 a 49 el número de fiscales en el fuero Penal Contravencional y de Faltas. Finalmente, y luego de largas negociaciones en las que intervinieron el Ministerio de Justicia y Seguridad, los integrantes de la Comisión de Justicia, los titulares del Ministerio Público (Garavano y el Defensor General Mario Kestelboim principalmente) y representantes del Consejo de la Magistratura, se arribó a un acuerdo.
?La modificación a la Ley 7 hecha realidad, implica, entre otras novedades; un incremento en el número de fiscales contravencionales ?de los 24 actuales a 40-, en el número de defensores del mismo fuero ?de 16 a 24-; y en el número de fiscales, defensores y jueces en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario (de los 15 juzgados actuales se eleva a 24, cada uno con dos secretarías; también se eleva de 2 a 4 el número de fiscalías y defensorías de primera instancia y se crea una nueva fiscalía de cámara)?, describió el presidente de la Comisión de Justicia, Martín Borrelli.
Y agregó: ?Además se incorpora una solución al creciente problema de la criminalidad juvenil, mediante la asignación de jueces de tratamiento especial de esta cuestión (de los 31 juzgados actuales, se designarán tres para que entiendan en casos de menores de forma rotativa) y se aseguran plenas garantías judiciales, permitiendo que Tribunales orales puedan juzgar casos penales en los cuales la pena en abstracto puede superar los tres años de condena?.
Uno de los puntos que más dificultades generó para lograr los acuerdos necesarios era el importante crecimiento de estructuras planteado por el Ministerio Público. ?Garavano quería duplicar sus estructuras y Kestelboim planteaba que si se le daba al Fiscal General lo que pedía, la Legislatura debía respetar la actual proporción (dos defensores cada 3 fiscales). Finalmente se logró mantener la proporción en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y se redujo el número de fiscalías solicitadas?, comentó en off a NU, un importante operador del Ejecutivo para lograr la sanción de la nueva normativa.
?No llegamos a esta discusión sin antes haber archivado distintas iniciativas, como el archivo de un proyecto para reformar el Código Contencioso Administrativo, que dejaba un manto de dudas sobre la intención del Ejecutivo de la Ciudad para el manejo de los jueces de la Ciudad. Es importante que quede claro que se logró un despacho con las garantías de una justicia independiente. En un principio es cierto que la intención era dividir las competencias entre tributarias y contencioso administrativas; celebro que esto no haya prosperado, y que los nuevos juzgados tengan todas y las mismas competencias?, señaló el vicepresidente segundo de la Legislatura, Juan Manuel Olmos.
?La omisión de la intención de crear una tercer Sala en el Fuero CAyT también permite evitar toda sospecha de intenciones subjetivas. El archivo de una ley de subrogancia es una garantía para despejar las dudas de una voluntad de cubrir cargos sin concurso. La contracautela, la recusación sin causa y las astreintes también se archivan?, subrayó.
Durante el debate también tomaron la palabra, la legisladora Liliana Parada (Igualdad Social); Sergio Abrevaya (Coalición Cívica); Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad); Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires); Gonzalo Ruanova (Espacio Plural)
