Rechazo al uso del espacio público por los sin techo
El pasado 13 de diciembre, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle, luego de un extenso trabajo parlamentario de búsqueda de consensos y negociaciones. Finalmente, los legisladores de la Ciudad dieron sanción a una iniciativa, originalmente propuesta por la organización ?Proyecto 7?, creando un cuerpo normativo en el que, entre otros puntos, establecía en su artículo 5 el ?Derecho a la Ciudad? como una ?atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales?.
Si bien este proyecto logró ser aprobado con los votos del bloque oficialista, luego de una larga negociación en la cual los legisladores opositores cedieron incluir en el texto el derecho a la permanencia en el espacio público y acordaron establecer el uso igualitario, el Ejecutivo porteño resolvió vetar el artículo en el que los legisladores macristas más se esforzaron en diseñar.
Según se expresa en el texto del decreto, el veto parcial está fundado en que la definición del Derecho a la Ciudad ?no se condice a los mismos principios constitucionales a los que remite, amén de adolecer de un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual aplicación?.
Ante esta decisión del Ejecutivo de la Ciudad, la ex legisladora porteña y actual diputada nacional por Proyecto Sur Liliana Parada criticó el veto al ?derecho a la ciudad de las mayorías populares?.
?Durante el mes de diciembre, los integrantes del bloque del PRO se vanagloriaron de haber aprobado esta ley impulsada por organizaciones sociales, que ahora Macri veta sin tapujos. Está previsto que el propio Macri declare durante el mes de febrero en una causa penal como responsable de la patota de la UCEP, y este veto no sólo no corrige el rumbo represivo, sino que deja la puerta abierta a la posibilidad de utilizar nuevamente a la UCEP, ya que nunca derogó el decreto de la creación de ese organismo para policial?, subrayó Parada.
El texto de la ley con el veto parcial deberá ser revisto por la Comisión de Asuntos Constitucionales. ?La Comisión deberá reafirmar la vigencia de la ley sin el artículo vetado y reenviarla al recinto para que el cuerpo la apruebe a pesar del veto parcial?, comentaron a NU fuentes parlamentarias, aclarando que ?si la Legislatura aprueba este texto cercenado la ley será sólo un cúmulo de letras que en nada protegerá a las personas en situación de calle?.
