Caso Ugolini: Una buena para el PRO
Lo que no prosperó en la Legislatura porteña por falta de acuerdos, finalmente lo hizo el Ejecutivo de la Ciudad. El procurador porteño Pablo Tonelli denunció ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un conflicto de poderes, a raíz de un allanamiento ordenado por la jueza Patricia López Vergara en la Junta de Ética de la Legislatura, en el marco de la causa que estudia el procedimiento de designación de Daniela Ugolini ?propuesta por el macrismo- como integrante del TSJ.
Es por ello que el máximo órgano de la justicia en a Ciudad, ante la ratificación de la denuncia por el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, solicitó a todos los jueces que intervinieron en la causa que le remitan todos los expedientes vinculados con Ugolini, incluso los secuestrados en el operativo judicial.
Luego de analizar el caso en cuestión, el TSJ determinó "suspender los efectos de las medidas cautelares que interfieran con el desarrollo de la actual etapa del procedimiento de designación en trámite ante la Legislatura". Y solicitó "con caracter de urgente" que se "ponga en conocimiento de los Juzgados y Salas del fuero CAyT" la medida.
El pasado 25 de septiembre, el juez Guillermo Scheibler dictó la primera resolución suspendiendo el proceso de designación de Ugolini, como medida cautelar. Ese mismo día, los jueces Roberto Gallardo y Elena Liberatori resolvieron en sentido similar. Días después, Gallardo, subrogando el juzgado de Patricia López Vergara, suspendió el proceso en la Legislatura.
Con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia permite que mañana, viernes, se realice, como estaba programada, la audiencia pública para discutir el proceso de selección de integrantes al TSJ, y además, da lugar al pedido que realizó el Ejecutivo porteño, a través del procurador Pablo Tonelli.
El funcionario presentó una denuncia donde expone: "El acto institucional complejo de nombramiento de un juez del Tribunal Superior de Justicia, en sus distintas etapas, es de competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y que, por tanto, los jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario carecen de competencia constitucional para disponer medida alguna que interfiera, altere, suspenda o de cualquier modo afecte la realización de dicho acto?.
Además requirió, como medida cautelar previa, se disponga la suspensión inmediata de toda decisión o sentencia judicial que interfiera con el ejercicio de las atribuciones y competencias propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo y que, en particular, permita la continuidad del procedimiento de designación para el cargo de juez del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad.
El fallo dictado, fue resuelto por la mayoría de 4 votos (Ana María Conde, Luis Lozano, José Casás y la camarista Elizabeth Marum -designada para evitar empates-) y un voto rechazando "in limine" la medida por parte de la jueza Alicia Ruiz.
