Critican la reforma al Poder Judicial

La reforma de la Ley 7 (Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad) iba a tratarse en la Legislatura porteña antes de fin de año. Si bien aún no es imposible que esto ocurra, los pocos días hábiles que le restan al 2008, la ley de presupuesto 2009 aún no sancionada y la reacción de la Justicia porteña contra algunos puntos propuestos en el proyecto que logró la firma de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia del Parlamento local serían razones suficientes para demorar la votación de una norma vital para el servicio de Justicia en la Ciudad.

Desde el Poder Judicial, los cuestionamientos al proyecto oficialista comenzaron a hacerse públicos. A comienzo de esta semana, varios integrantes del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, trasladaron a la vereda de la Avenida de Mayo sus escritorios y firmaron sentencias ante los transeúntes. Los jueces de dicho Fuero se encuentran abocados a establecer y acordar un plan de acción para difundir los puntos que, de ser aprobados, perjudicarían el servicio de Justicia; y los empleados judiciales, también manifestaron sus observaciones.

La secretaria General de la UEJN secc. 2, Cecilia González, dialogó con NOTICIAS URBANAS y expresó los principales puntos críticos al proyecto macrista.

"Esta semana les hicimos llegar a todos los legisladores algunas consideraciones respecto al proyecto de mayoría que describen el proceso productivo dentro de un juzgado, ya que sólo los que están interiorizados en este tema conocen cómo se trabaja y sobre quiénes recae el grueso de la carga", comentó González.

Tras reconocer la sobrecarga de trabajo del Fuero CAyT, la gremialista resaltó que la propuesta suscripta por la mayoría "no resulta útil a efectos de resolver la cuestión".

"La totalidad del proceso vinculado a las causas tiene un sinfín de pasos necesarios previos al momento del dictado de sentencia y de cada auto: recepción de escritos, libramiento de cédulas de notificación, confección de la totalidad de las cédulas correspondientes al Ejecutivo local en el sistema, firma de listados, firma de cédulas por Secretaría, despachos simples; control de cargos; archivo de expedientes, proyectos de sentencias interlocutorias, definitivas y cautelares, etc. La mayor parte de éstas tareas dependen de los empleados y funcionarios del fuero ?secretarios y prosecretarios- La función de los magistrados se centra en establecer las directivas de trabajo, los criterios de actuación, el control, firma y responsabilización por la totalidad de los actos", describió González.

Y agregó: "El proyecto propone entre otras reformas, el aumento más que proporcional de las fiscalías respecto de las Defensorías y la designación de 9 magistrados nuevos para el fuero Contencioso de la Ciudad, reduciendo de dos a una las secretarías por juzgado por lo que necesariamente habría que reubicar o despedir al personal completo de 6 de las secretarías actuales. Aumentando la delegación de funciones y el riesgo para la firma de los funcionarios".

Cada secretaría CAyT está conformada con 10 personas (secretario, prosecretarios y empleados). En el caso de aprobarse el proyecto impulsado por el PRO para crear juzgados con secretaría única, el Consejo de la Magistratura debería reubicar unas 60 personas (empleados y funcionarios).

"Se aumenta el número de jurisprudencias (más jueces con criterios diferentes) pero se reduce el número de personal que diariamente conforman el proceso productivo. La designación de 9 jueces sin las secretarías correspondientes que lleven adelante el trabajo no agilizará el Fuero", resaltó.

"Consideramos acertada la posición sobre el punto del despacho de la minoría (impulsado por Gonzalo Ruanova), quien propone para la mejora de la calidad de trabajo la creación de solo tres (3) juzgados más y el aumento de las secretarías del fuero, como se ha concluido luego de varias experiencias en el fuero federal", destacó la representante gremial.

Las observaciones también hicieron referencia a las modificaciones en las estructuras del Ministerio Público. Consideraron necesario "aumentar el número de Defensorías CAyT a 5" ya que en muchos casos, las acciones del Fuero Penal Contravencional y de Faltas repercute en el Contencioso en forma de acciones de amparo y causas que requieren de la defensa pública, como sería el caso de una contravención por venta ambulante y una cautelar solicitando se permita conservar la fuente laboral.

"En el caso del Ministerio Publico en el fuero Penal Contravencional y de Faltas consideramos excesiva la idea de la elevación a 42 ? contra 49 para todo el fuero Criminal Nacional- de las fiscalías y la disminución de la proporción de las Defensorías. Es necesario fortalecer la estructura de resolución alternativa de conflictos", remarcó.

Finalizando, González subrayó que, en su entender, "la finalidad" de la propuesta oficialista "responde a finalidades encubiertas, tales mayor control por parte del ejecutivo local respecto del Poder Judicial y, el debilitamiento de la Defensa Pública Oficial, lo que generaría un gran déficit en materia de acceso a la Justicia".

"Para los judiciales esta propuesta es una demostración más de que lo que importa aquí no es la justicia, sino la pelea por quien controla la misma", concluyó.