Publicado: 06/07/2006 UTC General Por: Redacción NU

ALUBA, al borde del desalojo

Por un decreto del jefe de Gobierno, Jorge Telerman, el sábado próximo es el último día de plazo que tiene las autoridades de ALUBA para desalojar su predio. Para evitarlo, recurrieron a la Legislatura de la Ciudad y se reunieron este jueves con funcionarios del Ministerio de Salud, en donde habría un principio de acuerdo. NOTICIAS URBANAS habló el director médico de la organización
ALUBA, al borde del desalojo
Redacción NU
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La Asociación de Lucha contra Bulimia y Anorexia (ALUBA), adonde asisten más de 300 pacientes, podría perder su sede ubicada en Combate de los Pozos 2193. Un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, les da tiempo hasta el sábado para desalojarla. Para evitarlo y encontrar una solución -como el traspaso de las instalaciones a otro lugar-, las autoridades se reunieron con los legisladores porteños y con funcionarios del Ministerio de Salud.

En dicha reunión, los representantes encontraron buena predisposición -tanto de Salud como de Hacienda- para llegar a un principio de acuerdo. NOTICIAS URBANAS dialogó sobre este conflicto con Roberto Eguía, director médico de la organización, y con la diputada K Inés Urdapilleta, una de las legisladoras que firmó una declaración para evitar el desalojo.

El pasado 6 de junio, ALUBA recibió una cédula de desalojo firmada por Telerman, donde intimida a desalojar en 30 días, sin ningún aviso previo, las instalaciones del pabellón que funciona en el primer piso del Hospital y el inmueble de la calle Combate de los Pozos 2193. Ese plazo se vence el próximo sábado, y todavía no hay respuestas ciertas con relación al destino de los pacientes, las que tienen la suerte de poder acceder al tratamiento de bulimia y anorexia que no es alcanzable para la mayoría de los pacientes (un tratamiento cuesta más de 500 pesos, como mínimo).

Antes del encuentro con los funcionarios de Salud, la consultora médica y fundadora de ALUBA, Mabel Bello, sostuvo que la reunión representa "una posibilidad de algún tipo de acuerdo, porque el desalojo está cerca". "Nuestros pacientes no quieren dejar el tratamiento aunque, de concretarse el desalojo, habría una posibilidad de que las personas que asisten se repartan a otras instituciones", agregó a Telam.

Por su parte, la legisladora del Frente para la Víctoria, Inés Urdapilleta, afirmó a esta agencia: "Finalmente pude hablar con las autoridades de ALUBA despues de la reunión y me manifestaron su satisfacción por la buena predisposición tanto de los funcionarios del Ministerio de Salud como los de Hacienda para resolver el tema y mantener, por lo menos, la sede de Combate de los Pozos. Por otro lado, todavía no verificamos que esa propiedad sea del Gobierno nacional o local. Me parece una torpeza tomar esa decisión porque se trata de una problemática muy complicada, sobre todo porque es una asociación sin fines de lucro. Mañana me voy a reunir con Telerman para ver como sigue el tema".

La sede en cuestión la utiliza la organización hace 18 años, otorgada en comodato tanto por el Gobierno nacional como el municipal. Ese convenio se renueva cada cinco años y ya pasaron nueve de la última renovación. Según informaron a NU, hace cuatro años que intentan llegar a un acuerdo sin éxito y la orden de desalojo se venía venir.

ROBERTO EGUÍA, DIRECTOR MÉDICO

Consultado por NU, el doctor afirmó: "El predio nos fue cedido en comodato hace 18 años, tanto por el Gobierno nacional como el municipal. Como no tuvimos respuesta por parte de las autoridades locales, recurrimos a la Legislatura para encontrar una solución. El tema es que no sabemos si la sede le pertenece a Nación o a Ciudad. Eso lo van a averiguar los diputados".

"Están desalojando sin dar destino a los pacientes, que son alrededor a 600. Argumentos no tenemos ninguno. El decreto fue firmado fríamente sin dar explicación y sin pensar en opciones. Porque si a nosotros nos dan otro lugar no tenemos problemas en mudarnos".

"Nosotros no podemos dejar de atender a los pacientes, pero no tenemos recursos para tener una sede propia por nuestros medios ya que somos una asociación civil que se mantiene gracias al aporte de los padres de los internados. Hace cuatro años que queremos renovar el comodato, pero nunca obtuvimos respuesta por parte del Gobierno".

"Otra de las cuestiones es que en el Udaondo no nos quieren cerca. Dicen: 'Que se vayan con sus locas al Moyano'. No está bien visto para un hospital de gastroenterología que haya un centro psiquiátrico tan grande como nosotros. El edificio, en 1988, era un baldío, un nido de ratas. Los padres de las pacientes lo levantaron y lo pintaron".

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