Endurecen la posición en torno a la OSBA
"Pelearemos hasta las últimas consecuencias", expresó Ricardo Zambrano, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales, en alusión al derecho de libre elección de obra social para los empleados estatales porteños regido por la Ley 472, que no fue respetado por los ex interventores de la Obra Social Buenos Aires, Patricio Datarmini y Mario Gygli, quienes luego de incumplir con la norma -que comenzó a regir a partir del 1º de enero de este año- acudieron a la Justicia Federal para pedir su inconstitucionalidad.
De esta manera, en principio lograron que el magistrado frenara la puesta en práctica de la desregulación mientras resuelve la constitucionalidad de la norma. Todo esto se produjo luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, se comprometiera en diciembre de 2002 a no obstruir la implantación de este derecho.
La OSBA tiene aproximadamente 110.000 afiliados, que aportan el 5 por ciento de su sueldo, dos puntos más que los de cualquier otro gremio. Hasta enero estuvo intervenida por Datarmini y Gygli, pero a fines de ese mes el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, le envió al presidente de la comisión interventora una carta documento en la que le exigía que, en un plazo de 48 horas, cumpliera con la norma. Constatado el incumplimiento y habiéndose acabado los plazos, se dispuso a fines de enero la normalización de OSBA.
"Al no estar inscripta en la Superintendencia de Seguros de Salud, los afiliados de OSBA no podemos gozar de la libre opción. Pero además, ha habido en la justicia federal un dictamen, que salió dos días antes de terminar la feria, que suspende la aplicación del articulo 37º hasta tanto se expidan sobre la inconstitucionalidad del mismo", manifestó Zambrano en el programa Jaque Mate, que se emite por Radio Del Plata.
En tanto, el médico municipal, al ser consultado sobre lo que pasaría en el hipotético caso de que muchos de los empleados porteños se fueran a otra obra social, respondió que "en realidad se produciría el desguace de la obra social, e incluso del propio sindicato, porque todos sabemos que los fondos de la dirigencia en gran medida no salen tanto de las cuotas de los afiliados, sino de las obras sociales que tiene a cargo".
OLIVEIRA
Dos días antes de las elecciones de octubre de 2001, Ibarra aceptó la renuncia de la cúpula de la OSBA y dispuso su intervención. En su momento, esta medida fue aplaudida por la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, quien además, consideró que era necesaria para que "deje de ser vergonzosa la atención de esa obra social".
En aquel entonces, con una deuda de alrededor de 140.000.000 pesos -convertibles uno a uno con el dólar- y con obligaciones de pago por 2.500.000 pesos mensuales al Banco de la Ciudad y al Banco Francés, la OSBA era un dolor de cabeza para Ibarra quien, luego de casi dos años de intervención -fallida y catalogada por fuentes del Poder Ejecutivo como escandalosa- tuvo que volver a empezar.
