Laura Rúa, a cargo de investigar a las grandes marcas textiles
El ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, delegó la investigación a las grandes empresas de ropa en la funcionaria Laura Rúa. En el área, hay 12 mil expedientes sin resolución que en poco tiempo pueden prescribir. Esta cifra fue ratificada por el ministro Rodríguez en una reunión con el presidente de la cooperativa "20 de diciembre", según confirmó a NOTICIAS URBANAS Gustavo Vera, representante de los costureros.
En su reciente renuncia, el ex subsecretario de Trabajo, Empleo y Formación Profesional, Alejandro Pereyra, responsabilizó a Rúa, aunque sin nombrarla, por los expedientes sin resolución. Antes había elevado este tema a la Procuración de la Ciudad para que se investigue tales retrasos. Algunos de los sumarios no resueltos de la Dirección General Protección del Trabajo presentados ante la Procuración son del año 2002 y 2003, según informaron fuentes confidenciales.
La plana mayor de Producción, integrada además del ministro por el jefe de gabinete del área, Fabián Pico, el subsecretario de Producción, Rodolfo Córdoba, y el subsecretario de Trabajo en ejercicio, Ariel Lieutier, plantearon ante Vera y un integrante más de La Alameda, llamado Néstor Escudero, la política que iban a llevar adelante con respecto a las inspecciones laborales.
Por lo que expresaron los funcionarios a los integrantes de la cooperativa de costureros, se profundizaría la investigación que activó Pereyra sobre la empresa Kosiuko, que tiene como dueño a Federico Bonomi. Para llevar adelante sus tareas de control, el organismo porteño sumaría al Ministerio de Trabajo de Nación. Otro dato nuevo, según comentó el dirigente social Vera a NU, que dieron a conocer los funcionarios en la cónclave, es que Kosiuko presentó dos listas distintas de talleres que los proveen de mercadería. Una lista fue ante el Ministerio de Trabajo y otra distinta ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT).
Las preocupaciones por parte de Vera y su gente, al momento, son dos: la primera es el retraso judicial del informe técnico sobre Kosiuko presentado ante la Procuración de la Ciudad, "tener trabajadores indocumentados, dar datos fraudulentos sobre los talleres con los cuales trabaja demuestra claramente la violación de leyes", y la segunda medida que no aceptan es la modificación de la ley 12.713, en su artículo 4, que habla de la responsabilidad solidaria de los empresarios, los intermediarios y los talleristas. "Justifican el cambio de la ley amparándose que es del año 1941, muy vieja. Pero quitar la responsabilidad solidaria de los integrantes de la cadena de producción implicaría impunidad para los que mantienen a trabajadores en semiservidumbre", argumentan los costureros.
