Plazas cerradas: ¿quiénes son los bárbaros?

La mayoría de las plazas porteñas están cerradas. Muchas con rejas que se abren de día. Muchas todo el tiempo, bajo pretexto de obras de refacción y remodelación. De éstas, casi todas llevan cerradas todo el verano. Y según el ritmo cansino de las obras (cuando han comenzado a hacerse, cuando no se han paralizado), estarán cerradas todo el otoño. Como varias fueron cercadas pero las obras no se iniciaron, es de temer que no tengan fecha de apertura. La remodelación de la minúscula plazoleta de Ecuador y Charcas demoró muchos meses.

Plaza San Martín, Plaza Canadá (y la Torre de los Ingleses) así como la adyacente hacia el Este y al menos tres de las plazas que están sobre la avenida San Juan (Cecilia Grierson, al 600, Rosario Vera Peñaloza, al 700, Lola Mora, al 1600) y Plaza Colombia (en el centro de Barracas, frente a la iglesia de Santa Felicitas), están, como otras muchas, en esas condiciones. Un vocero del Ministerio de Ambiente y Espacio Público admitió que las obras están atrasadas y lo atribuyó a la inesperada temporada de lluvias. Cuando se le informó que en Plaza Colombia el capataz le dijo a los vecinos que las obras demorarían ?por lo menos seis meses?, el vocero prometió enviar de inmediato un e-mail con el calendario previsto. Pero no lo hizo.

La Dirección de Asuntos Urbanos y Espacio Público de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, confirmó que ha comenzado a recibir quejas por la virtual clausura de muchas plazas y estimaron que las dilaciones y el ritmo de las obras, así como su eventual parálisis, podría deberse a que los contratistas privados regulan y/o paralizan las obras de acuerdo a cómo van cobrando o no los correspondientes certificados de terminación, trámite que atraviesa muchas demoras, "por ineptitud burocrática". Por lo que también en esta área hay, como en tantas otras, una considerable subejecución presupuestaria.

El jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo, el abogado Ricardo Dios, centraliza las denuncias contra la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), la falange que con uniformes negros, suele hacer de punta de lanza en la lucha contra el acampamiento de indigentes y menesterosos en las plazas. La UCEP también hace de ariete en el desalojo de inmuebles, por lo que se ha convertido en el terror de los cartoneros, que en un contexto de caída en picada del precio del cartón y del papel, tienden a quedarse en la Ciudad varios días seguidos, a fin de hacerse de algún peso.

Los "soldados" de la UCEP acostumbran insultarlos y amenazarlos, patear sus escasas pertenencias y secuestrar la mercadería que han recolectado para obligarlos a levantar campamento y marcharse. Pero si en ninguna parte está escrito que sea lícito expulsar de las plazas manu militari a quien duerme en ellas, allanar un domicilio sin orden judicial es un delito perfectamente tipificado y quienes lo cometen "tendrían que ir presos", dijo Dios.

De que no está desencaminado da fe la crisis que produjo el accionar de la UCEP en ocasión de allanarse y desalojarse el amplio galpón ocupado por decenas de familias en Paseo Colón al 1500, frente al Parque Lezama, hace una semana. Previamente, ocho de los varones jóvenes y fornidos que resistían el allanamiento y exigían ver la orden de allanamiento fueron detenidos bajo la falsa e infamante acusación de ser "traficantes de paco", según denunció uno de ellos ante el último plenario de Carta Abierta. Fueron liberados unas horas después, cuando el desalojo había terminado.

Al cierre de esta edición, Liliana Parada (Bloque Igualdad social), junto a 20 legisladores de la oposición, denunciaron el accionar de la UCEP, que dijeron, está integrada por "verdaderos patoteros". Los 21 pidieron que el próximo miércoles 25 se interpele al ministro Juan Pablo Piccardo.
"Macri y Piccardo crearon una unidad paramilitar a la que habilitaron, por acción u omisión, a violar los Derechos Humanos, sobre todo los de quienes menos tienen o no tienen nada"; amenazando "con que los van a meter presos, les destruyen sus pocas pertenencias y los expulsan", agregó Parada, tras presentar una denuncia contra ambos por "abuso de autoridad en el cumplimiento de los deberes de funcionario público".

Comienza a abrirse paso la ominosa sospecha de que tantas plazas permanezcan cerradas a cal y canto es funcional al propósito de evitar que centenares de personas arrojadas a la calle en decenas de desalojos compulsivos que se están haciendo en el centro y el casco antiguo de la Ciudad, acampen en ellas. Y que los vecinos hayan carecido de la posibilidad de usufructo de las mismas durante el verano que agoniza, no es más que un inevitable "daño colateral". Y que la invitación a disfrutar de ?playas secas? en zonas periféricas, puro cinismo.

Que las denuncias impactaron en el Gobierno da fe una reestructuración de la Subsecretaría de Higiene Urbana y la propia UCEP cuando todavía están frescas las renuncias, a comienzos de marzo, del jefe de gabinete, Fabián Rodríguez Simón, y el hasta entonces coordinador de la UCEP, Matías Lanusse.

El decreto nombró sustituto de Rodríguez Simón y por ende, titular del grupo de tareas, al ex director general de Compras y Contrataciones de la Ciudad, Jorge Cristian Polini, de quien se dice que trabajará ad honorem. Macri también dispuso que la UCEP pase de la Subsecretaría de Espacio Público a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Y que la Dirección General de Reciclado pase a depender directamente de Piccardo.

La obsesión de PRO por evitar que los pobres de provincia paren en la Ciudad, y por expulsar más allá de la General Paz a quienes ocupan inmuebles, tiene sus bemoles. Se diría que sus funcionarios son más ajenos a la Ciudad que los supuestos intrusos. La topadora macrista no sólo remueve adoquines, tamhién siembra parquímetros, tapa baches y reemplaza baldosas por cemento de dudosa calidad.


(NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 179, DEL 12-03-09).