La Nación le dio la razón a la Ciudad
Mediante la firma del decreto 551/09 el Ejecutivo Nacional dio el paso administrativo necesario para inscribir como propios en el Registro de la Propiedad Inmueble los terrenos conocidos comúnmente como "Dársena Norte". Entendiendo que la zona portuaria debería pertenecer a la Ciudad, que está abierto un debate sobre la autonomía plena porteña y que el interés subyacente de la Presidencia sería asumir el dominio privado de dicha propiedad para poder venderla (permitiendo que allí se realicen actividades no controladas por la administración comunal, como la construcción de un rascacielos), la Procuración General de la Ciudad solicitó ante la Justicia Nacional el dictado de una medida cautelar que suspenda los alcances del decreto.
Considerando "verosímil el planteo a que la zona conocida como Dársena Norte no podría ser objeto de prescripción adquisitiva en los términos del decreto-ley que rige a los inmuebles del dominio privado del Estado", la titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Federal Nº8, Clara María Do Pico, resolvió "hacer lugar a la medida cautelar solicitada disponiendo la preventiva suspensión de los efectos del acto administrativo" hasta que se dicte sentencia definitiva.
En los fundamentos de su fallo, la Magistrada reconoce que los terrenos en cuestión "cuya titularidad pretende adquirir el Estado Nacional [...] no pareciera ser prima facie un bien privado del Estado", sino lo contrario. "Su apariencia jurídica se ubicaría, más bien, dentro del perfil normativo del bien de dominio público. Máxime cuando comprendería en su extensión tanto superficies terrestres (incluyendo calles y caminos) como superficies acuáticas", expresa la resolución.
De acuerdo a la jurisprudencia, un bien de domino público es "inalienable e imprescriptible", están "fuera del comercio" y "no pueden ser objeto de posesión". También existiría un conflicto jurídico dentro del mismo decreto ya que se mencionaría a los terrenos como un único inmueble, siendo un conjunto de varios.
Si bien el fallo dictado coincide con el planteo de forma del procurador Pablo Tonelli, no se mete en el tema de fondo y deja en claro que "de ningún modo implica considerar verosímil el derecho de la Ciudad de Buenos Aires sobre los bienes en cuestión".
La cautelar dictada, seguramente apelada en próximos días por el Estado Nacional, podría quedar en una simple anécdota jurídica de tratarse y lograrse la aprobación en el Congreso Nacional de un proyecto presentado en mayo pasado, que establece la "transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del Estado Nacional -denominado Dársena Norte ubicado en el Puerto de Buenos Aires- a la Ciudad Autónoma".
Los autores del proyecto, Silvana Giudici, José Cusinato y Vilma Baragiola, señalan en sus fundamentos que "muchos años de indiferencia gubernamental nacional y local se verifican sobre el área portuaria, debido a lo cual el conflicto ciudad-puerto se agrava con el paso de los años y con la adopción de políticas públicas equivocadas".
"El área portuaria debe delimitarse definitivamente y reservarse a la actividad logística y portuaria. Resulta imprescindible que, las autoridades nacionales y locales comprendan el nuevo status jurídico de la Ciudad y formulen políticas para concretar el traspaso de toda la jurisdicción portuaria a la Ciudad, creando además, la Sociedad de Estado conjunta como ente público integrado por las dos jurisdicciones para la correcta administración portuaria", remarca la iniciativa.
Y concluye: "Esperamos que el gobierno de la Ciudad Autónoma acompañe este reclamo y adopte las medidas necesarias para impedir el avance del gobierno nacional en la apropiación de terrenos, construcción de obras sin habilitación previa por parte del gobierno local como viene sucediendo en la zona, lo cual implica un claro avasallamiento de la autonomía porteña al desconocerse que la ciudad es soberana en esos terrenos y que por lo tanto es quien establece la normativa urbanística para el planeamiento edilicio en la zona".
