Ponsa Gandulfo, administrador general del Poder Judicial
Este jueves, la Legislatura porteña prestó acuerdo para la designación del ex diputado de la Ciudad Lucio Ponsa Gandulfo para que se desempeñe en el cargo de Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad. La duración de su mandato es de cuatro años, los que no deben coincidir con el inicio y finalización del mandato de los consejeros.
El Consejo de la Magistratura remitió el pliego de designación del ex diputado porteño a la Legislatura de la Ciudad a principios de esta semana, a fin de que preste su acuerdo tal como establece la Ley 1.988, por la cual se creó esta figura. Ponsa Gandulfo recién comenzará a prestar funciones el día siguiente a que la Legislatura notifique al Consejo su aprobación.
La norma establece que es atribución del Plenario del Consejo de la Magistratura proveer la designación del administrador General del Poder Judicial de la Ciudad y dispone como requisitos para tal designación que se trate de un profesional que cuente con perfil técnico acorde con las tareas a realizar.
El nombramiento de Ponsa Gandulfo debía contar con el acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados y así fue. Su nombramiento obtuvo 36 votos positivos, 1 negativo y 10 abstenciones.
El bloque ARI, al igual que el diputado socialista Norberto La Porta solicitaron permiso al Cuerpo para abstenerse de votar por considerar que dicho cargo debía ser sometido previamente a una audiencia pública. Aclararon a continuación que tal postura no estaba de ninguna manera relacionada con la persona del candidato propuesto.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Olmos (Frente para la Victoria), contestando a los argumentos vertidos por los aristas, señaló entre otras cosas que si los miembros del Consejo de la Magistratura, que revisten un rango superior al cargo de Administrador General del Poder Judicial, no son sometidos a una audiencia pública, tampoco debería exigirse tal requisito para el cargo en cuestión.
La Legislatura porteña había aprobado una ley anteriormente que no contaba con el apoyo del ARI, por lo que se modificó el texto a fin de reducir el monto a administrar y recortar facultades. La nueva norma fue aprobada el pasado 9 de junio y, en esa oportunidad, sólo hubo diferencias en el monto a administrar, que finalmente será de 300.000 pesos por contratación.
Por tal motivo, muchos legisladores se mostraron sumamente sorprendidos por la abstención del ARI y afirmaron: "Es de no creer. La idea era sacar el nombramiento con el consenso de los tres bloques mayoritarios, si sabíamos que esto iba a ser así no modificábamos la ley y listo. Es una figura nueva y queríamos que naciera con mucho respaldo".
La idea es que esta ley mejore el funcionamiento de la Justicia mediante una infraestructura que se adecue a sus necesidades diarias y corrientes y propone un modelo similar al vigente en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Esta oficina "tendrá la finalidad de gestionar con mayor agilidad y rapidez las demandas del Poder Judicial de la Ciudad, superando las dificultades que actualmente genera el cúmulo de decisiones que diariamente debe tomar el Plenario del Consejo de la Magistratura, demorando asuntos que requieren rápidas respuestas", según expresan los fundamentos.
