Bourlot con los familiares de Cromañón
El último informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dado a conocer por este medio y tras ello publicado en tapa del diario Crítica, conmovió a los mandos superiores del Gobierno porteño. Es que la Defensoría dio cuenta de las políticas de control sobre los boliches y comercios de alta concurrencia. El trabajo de la Defensoría repercutió a tal punto en las estructuras del poder capitalino que el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Pablo Bourlot, rápidamente convocó a un sector de los familiares de las víctimas de Cromañón. A ellos les brindó explicaciones y entregó una carta que ya dirigió a la Defensoría del Pueblo, que van en el sentido de contestación al informe del periódico La Justa.
Este miércoles, a partir de las 17.30 y hasta las 19.15, en la sede de la AGC, fue la reunión del grupo de familiares de Cromañón que lidera Nilda Gómez, ONG Familiares por la Vida, y Bourlot que estuvo acompañado por dos asesores.
"Bourlot nos dijo que el 98 por ciento de los boliches están controlados. Y que el problema se da con los boliches clandestinos y con quienes arman fiestas de un momento para el otro, o sea retirando las sillas en un pubs's", contó Gómez a este medio.
El funcionario responsable de dirigir las áreas de habilitación, control de comercios y quienes cobran las contravenciones, después de hablar de las irregularidades por los comercios en la manzana de Cromañón dijo que "están tratando de poner penas más grandes. Por la saladita Textirama dijo que no la van a habilitar. Mientras que el hotel y bar Cañonero quieren desalojar pero tienen problemas con la policía federal para que actué", reveló la madre de Mariano Alexis Benítez, de 20 años, uno de los 194 muertos de Cromañón.
Este grupo de familiares de Cromañón quedaron en reunirse con Bourlot el 19 de este mes. "Le pedimos todas las normas sobre este tema de habilitaciones y controles. Lo hicimos porque en el juicio surgieron normas revueltas y a partir de allí se quedan los funcionarios libres. Queremos tener una norma clara y un control real. Acá el que comete delito no debe tener dos años de penas. Hay que trabajar con la legislatura para cambiar cosas y para el año que viene sumar a educación", finalizó Gómez.
NOTICIAS URBANAS se comunicó con la Agencia Gubernamental pero como viene sucediendo hace más de un mes prefieren no contestar preguntas.
