Intentarán censar a los okupas
Más de 200 viviendas sociales construidas por el IVC para asignarlas a familias que habitan la contaminada asentamientos precarios de la ribera porteña del Riachuelo se mantienen ocupadas ilegalmente luego de ser dictada hace 12 días una orden de desalojo. En este marco, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, subrayó que lo más grave de la situación ?es el incumplimiento a la orden del juez? federal Luis Armella, y reconoció que si bien está la Policía Metropolitana ?en condiciones de hacer el desalojo?, debido ?a las características del lugar? y la carencia ?de la cantidad de efectivos que se necesitan?, sólo podría ?colaborar operativamente?.
?Yo tengo la tranquilidad de poder generar el desalojo en la medida que tiene la posibilidad que tiene la Policía Metropolitana, pero hay que hacer un operativo conjunto, hacerlo pacíficamente. La Metropolitana no está en condiciones de hacer el desalojo sola?, resaltó el funcionario porteño por radio Mitre.
Más allá de las afirmaciones del Ministro de Justicia y Seguridad, y de la posición adoptada por la nación de no disponer una fuerza de seguridad federal para cumplir una orden de desalojo ante una usurpación de un predio porteño, lo cierto es que, al día de la fecha, nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas participan de la toma; dato indispensable a la hora de diagramar un operativo de desalojo para estipular el número de efectivos, pero también desde el punto de vista social, para poder armar un plan de contención.
?Desde el sábado en que se inició la toma, el Ministerio de Desarrollo Social estuvo en el lugar y no lo dejaron entrar. Con la orden del juez está yendo gente hoy a la mañana para intentar hacer el censo?, informó Montenegro.
Y concluyó: ?Acá no es tema de jurisdicciones, es algo que va mas allá. Quiero que la Nación se de cuenta de esto y que colabore?.
