Insisten por las irregularidades en el Maldonado
Antes de que se pusiera en marcha la primera excavadora, el dirigente peronista Milcíades Peña y su par de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, denunciaron en numerosas ocasiones lo que a su juicio son irregularidades y actos de corrupción en las obras de entubamiento del arroyo Maldonado.
Ambos políticos llevaron esas denuncias a la justicia y denunciaron penalmente al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por presuntas coimas y asociación ilícita. El motivo principal fue el encarecimiento y el riesgo ambiental en las obras del canal aliviador que lleva adelante una constructora italiana asociada a la de Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri.
Peña y Di Filippo sumaron un total de diez cargos sobre Macri, Calcaterra y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain y otros trece funcionarios del Gobierno de la Ciudad. ?Es el más grave hecho de corrupción administrativa y ambiental de la gestión Macri?, aseveró Peña.
?Creemos que la denuncia en el contencioso le quedaba chica, hay un claro nivel de sobreprecio que no se puede justificar además de la posibilidad de daño ambiental ya que sus estudios a nuestro entender no son válidos?, argumentó Di Filippo a Noticias Urbanas y agregó que ?está muy claro que al comprar el pliego, entre otros, aparece Calcaterra, pariente de Macri?.
Los denunciantes recordaron que, antes de empezar la obra, la constructora admitió que no podía hacerla en los costos estimados y empezó a sumar adicionales, por un costo que superaría los 30 millones de dólares. Se trata de la compañía Ghella, que está asociada con Iecsa, una empresa de la que Franco Macri se desprendió de esa constructora, que ahora conduce Calcaterra.
La obra del Maldonado comenzó durante la gestión de Aníbal Ibarra para evitar las inundaciones en los barrios de Palermo, Belgrano y Villa Crespo. Según consta en la denuncia penal, los dos ex legisladores señalaron que ?a partir del apartamiento de directivas legales de obra, se persiguió lograr el inmediato incremento del precio propuesto y aprobado, a expensas de generar un daño ambiental irreparable?. También advirtieron que la adjudicataria está ?ligada económicamente a Macri?.
Di Filippo y Peña habían hecho su primera presentación judicial a raíz de que Macri modificó el pliego aprobado por la Legislatura en 2005 de manera inconsulta. Según señalaron, en la Legislatura se habían fijado parámetros específicos para los túneles porque existía el riesgo de contaminar el acuífero Puelche, una reserva que les brinda agua a diversas localidades bonaerenses y santafesinas. En julio de 2009, el juez Juan Vicente Cataldo frenó la perforación porque concluyó que ?la modificación propuesta es de importancia? y podía derivar en un riesgo de contaminación del acuífero.
Pero el gobierno porteño apeló y la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo en contra en diciembre de 2009. ?Nos encontramos ante una modificación contractual, que naturalmente implicará un sobrecosto para el gobierno porteño, y dicha erogación adicional impactará sobre los recursos públicos. El mayor valor de la obra se calcula en 36.875.472 pesos?. La obra, sin embargo, siguió adelante y ls modificaciones no se publicaron nunca en el Boletín Oficial.
?A los funcionarios responsables deben caberle las generales de la ley, es grosero y severo que la obra más grande que se está ejecutando en la ciudad tenga este tinte a tufillo y corrupción?, finalizó diciendo Di Filippo.
