Riachuelo: ¿estamos cerca de la solución?

Durante muchos años, el aroma que desprende el Riachuelo a la altura de La Boca fue considerado parte de la atracción turística o un motivo para cargar a los xeneises. Sin embargo, este olor nauseabundo es sólo una muestra del alarmante grado de contaminación que posee la Cuenca Matanza Riachuelo. En los días de poco caudal es cuando más se siente el olor a podrido que emana del río, y llegando a su desembocadura, justo donde el Riachuelo junta sus aguas con el Río de la Plata, el agua es completamente negra, cubierta de manchones aceitosos, sin privarse de burbujas ni remolinos producidos por descomposición y fermentación. Un lamentable reflejo de la poca transparencia con la que se han manejado muchos de los funcionarios que debían ocuparse de solucionar este tema.

Pero esto no es algo nuevo, ya que a mediados del siglo XIX el estado del Riachuelo ya era deplorable. Muchos gobiernos pasaron -dictaduras y democracias- y no se hizo absolutamente nada serio y a largo plazo que buscara solucionar esta situación. Las excusas fueron muchas y de las más variadas, pero siempre hubo un denominador común: falta de voluntad política.

Nadie puede olvidar que Carlos Menem y María Julia Alsogaray habían prometido en 1993 que iban a sanear el Riachuelo en mil días. Incluso el ex presidente auguró para 1995: “Vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero pasaron esos mil días y otros miles de días más y sigue siendo el mayor punto de contaminación del país.

La Cuenca Matanza Riachuelo es un territorio con una longitud de 70 kilómetros y un ancho de 35 kilómetros. Comprende las zonas sur de la Ciudad de Buenos Aires, ocho partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Merlo, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora) y cinco partidos del resto de la Provincia (General Las Heras, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas).

El 15 por ciento de la población argentina habita en la periferia de esta cuenca. Son casi 5 millones de personas que, por la contaminación del agua, viven en riesgo sanitario y, lamentablemente, se prevé que en diez años serán 500.000 más. Sólo el 45 por ciento tiene cloacas y el 65 por ciento agua potable.

Desde el punto de vista hidrológico, casi todos los especialistas coinciden en que el Riachuelo se comporta como todos los ríos de la llanura pampeana, lo que explica su dificultad natural para absorber y depurar la carga contaminante: es lento, de caudal sumamente irregular, tiene una escasísima pendiente hasta su desembocadura y está influenciado por las mareas del Río de la Plata que alteran decididamente su capacidad de evacuación.

Sin embargo, los mayores problemas son otros. La cuenca baja y media del Riachuelo se caracteriza por una fuerte concentración de industrias y viviendas asentadas sin planificación o con una planificación y ordenamiento deficiente, así como la proliferación de villas de emergencia. Hay en la cuenca cerca de 100 basurales, un polo petroquímico con casi 50 empresas, y un importante número de embarcaciones abandonadas o hundidas.

Cada día se vuelcan al río 368 mil metros cúbicos de aguas servidas, y más de 88 mil metros cúbicos de residuos industriales. El Riachuelo tiene concentraciones de mercurio, zinc, plomo y cromo 50 veces superiores a los niveles máximos permitidos. Es decir, si uno recoge un litro de lo que queda en una botella sólo encontrará 0,5 miligramos de oxígeno, siendo que para que se desarrolle alguna forma de vida son necesarios 5 miligramos de oxígeno por litro.

La ausencia de saneamiento apropiado conduce a enfermedades diarreicas, que sumadas a la desnutrición, al hacinamiento, al estrés mental severo y a la exposición al frío, predisponen a una gripe potencialmente mortal. Según las estadísticas que la Asociación Vecinos La Boca publica en su página web, la exposición de la población a los agentes físicos y químicos diversos del Riachuelo induce el doble de fallecimientos de niños en los partidos de la Cuenca en la Provincia de Buenos Aires y en los barrios de La Boca, Barracas y Villa Lugano de Capital Federal respecto del promedio de toda la Ciudad de Buenos Aires.

Sin ir más lejos, en abril de este año la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini; el defensor adjunto, Atilio Alimena, y el encargado en materia ambiental, Alberto Michi, presentaron la resolución mediante la cual se alerta al Gobierno de la Ciudad sobre la grave situación sanitaria que vive la Ciudad a raíz del colapso de la red cloacal, pluvial y de suministro de agua corriente, especialmente en barrios de la zona sur.

Alimena afirmó que “este problema es un riesgo para la salud de miles de vecinos, especialmente niños, quienes podrían contraer distintos tipos de enfermedades como cólera, tifus, gastroenteritis, hepatitis y poliomielitis, entre otras”.

La lucha de las ONG’s

Si la situación del Riachuelo no logró pasar totalmente desapercibida fue gracias al trabajo constante y sostenido de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de la zona. Nunca bajaron los brazos en su tarea de difundir la problemática, crear conciencia en la población e influir, aunque sea de forma mínima, en las acciones de los funcionarios. Dos ejemplos de esta lucha son la Asociación de Vecinos de La Boca y la Fundación por La Boca, que vienen trabajando en el área con prisa y sin calma para hallar una solución a este tema.

Tanta fue la insistencia que en diciembre de 2003, por primera vez la Defensoría del Pueblo de la Nación -en forma conjunta con Poder Ciudadano, Fundación Ciudad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Vecinos La Boca, la Universidad Tecnológica Nacional y el ex Defensor Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Brailovsky- realizó un estudio integral sobre las distintas problemáticas que aquejaban a los habitantes de la cuenca y las reales causas generadoras de la contaminación existente.

En el informe también se demostró la colisión y multiplicidad de las normas, las jurisdicciones y competencias concurrentes en las tareas de remediación y saneamiento integral de la cuenca que se ha proyectado, qué se prometió qué se hizo y qué no se hizo y, en especial, el préstamo de 250 millones de dólares acordado por el BID en el año 1998 (con vencimiento en febrero del 2008) para llevar a cabo el Programa de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca y los distintos recursos públicos afectados a nivel nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.

De ese préstamo -que iba a financiar 12 proyectos, de los cuáles sólo se realizaron cuatro- deben quedar alrededor de 120 millones de pesos, dado que gran parte del mismo se utilizó para planes sociales durante la crisis de 2001.

El último eslabón de la cadena de alarmas institucionales que reactivaron el tema fue el informe elaborado por la Auditoría General de la Nación, realizado en el 2003 pero dado a conocer recién este año. “El Riachuelo es una zona liberada, caldo de cultivo para numerosas enfermedades”, afirmó la Auditoría en una investigación de más de mil hojas por el cual hace referencia a la existencia de numerosas conexiones y vertidos clandestinos. Asimismo, hace un listado de 65 empresas radicadas en la zona, aunque el informe señala que éstas “no deben ser sospechadas de la mayor carga de contaminación”. Ocurre que ese listado tiene más de diez años y, entre otras cosas, puede no reflejar la situación actual de las mismas. Por otro lado, la Auditoría insiste con la importancia de realizar estudios epidemiológicos en la cuenca, dado el altísimo riesgo sanitario actual y resalta la ausencia de un plan de gestión ambiental y el concepto de planificación global.

Efecto Papeleras

La cuenca hídrica Matanza Riachuelo se encuentra contaminada desde hace 200 años, pero nada parecía suficiente para romper la quietud gubernamental que evita dar una solución a semejante foco de contaminación. El conflicto por la instalación de dos papeleras en Uruguay pareció ser el impulso necesario para que los ojos de los argentinos no se posen sólo en Gualeguaychú y los posibles efectos contaminantes que pueden tener estas industrias en el Río Uruguay, sino también en nuestro país y su capital, en la que hace muchos años existe una cuenca altamente contaminada que afecta la salud de millones de habitantes.
Ni bien se instaló el tema de las papeleras y el Gobierno nacional anunció que iba a realizar una presentación en el Tribunal de La Haya, muchos ambientalistas reclamaron la atención gubernamental para el Riachuelo al igual que políticos opositores que venían instando al Ejecutivo Nacional y a las autoridades locales a resolver esta cuestión.

Sin duda, la presión más importante en este tema vino por parte del líder de Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, quien realizó numerosos actos reclamando al Gobierno por el Riachuelo y presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un plan de saneamiento de la cuenca en el que señala que alrededor de 100 millones de dólares bastarían para emprender la obra, con un tiempo de ejecución de cuatro años; bajo el control de un organismo tripartito (Nación, Provincia y Capital), con facultades de policía para evitar que las empresas contaminantes continúen derramando sus afluentes en la cuenca.

Posteriormente, Macri junto a Paula Bertol (CpC), Silvana Giudici (UCR), Claudio Lozano (Emancipación y Justicia), Delia Bissutti y María América González (ARI) le acercaron al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, un proyecto unificado para la creación de una ‘Autoridad de Cuenca’ con el propósito de que exista un único organismo con capacidad de ejecución para acelerar los trabajos de limpieza del Riachuelo.

No obstante, todos estos proyectos, informes y diagnósticos necesitaban una medida más drástica que despertara a los funcionarios y los pusiera manos a la obra.

Fue allí donde, ante una demanda judicial de vecinos presentada en el 2004, la Corte Suprema intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a presentar un plan de saneamiento en un plazo que vence el próximo 23 de agosto. Asimismo, la Corte dispuso para el 5 de septiembre una mega audiencia pública donde todos los involucrados en la causa deberán dar explicaciones y se obligó a las empresas instaladas a la vera del Riachuelo -unas 44- a entregar estudios de impacto ambiental.

Entre las compañías citadas por arrojar sus desechos al río figuran las petroleras Repsol-YPF, Shell, Eg3 y Petrobas, las alimenticias Danone y Molinos, Central Dock Sud, Indupa, Mercedes Benz, Bieckert, Aguas Argentinas (ahora es Aysa) y varias petroquímicas y curtiembres.

A trabajar se ha dicho

El fallo de la Corte Suprema fue recibido favorablemente por todas las jurisdicciones involucradas, aunque fuentes consultadas aseguran que -puertas adentro- muchos funcionarios no tenían la menor idea de cómo iban a contestar el pedido de los jueces. Fue allí donde la aparición de la nueva secretaria de Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, se convirtió en providencial.

Picolotti está coordinando lo que se presentará en la Corte, a nivel nacional, provincial y local y para ello conformó una Unidad Especial, integrada por expertos en materia ambiental. “Queremos tener una respuesta unificada, y eso es muy bueno porque demuestra una voluntad política en todos los niveles del Estado involucrados.

Este es un momento histórico porque está la voluntad real del Presidente de cambiar las cosas. Una Secretaría de medioambiente que está a treinta cuadras del Riachuelo y que le da la espalda no tiene mucho sentido de existir”, afirmó la funcionaria recientemente.

Como la contaminación del Riachuelo tiene dos orígenes, uno químico y otro orgánico, la idea de Picolotti es eliminar las causas de contaminación y luego sanear la cuenca, brindándole asistencia sanitaria a la gente que vive en las orillas del Riachuelo.

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño acordó con las otras dos jurisdicciones realizar una presentación conjunta. Luego de una reunión con Picolotti, el ministro de Medio Ambiente porteño, Marcelo Vensentini, explicó a NU: “Estamos trabajando en forma mancomunada y coordinadamente las distintas propuestas y posiciones. Lo más importante es que tenemos una visión integral de la cuenca que no es sólo ambiental sino también social”.

Vensentini también consideró sustancial frenar la contaminación para avanzar luego en el saneamiento del Riachuelo y consideró que los aportes legislativos servirían para reforzar el compromiso a nivel político y presupuestario.
La Legislatura, por su parte, aportaría una ley por la cual se declara la emergencia ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo. El presidente de la Comisión de Ecología y uno de los principales impulsores, Juan Manuel Velasco (ARI), sostuvo que la aprobación de esta norma “sería el primer gesto institucional y de fuerte consenso político, porque no se trataría de algo meramente declarativo sino de una norma que establece un importante compromiso de recursos”.

En lo que respecta al Gobierno provincial, la secretaria de Política Ambiental, Silvia Suárez Arosena, no quiso dar precisiones aunque comunicó que se encuentra trabajando como parte del Ejecutivo provincial en la presentación que se hará en la Justicia. Trascendió que éste área se elevaría a ministerio.

Por lo pronto, a uno de los muchos recorridos por el Riachuelo que gestionó Velasco, concurrió Jo Knight, representante de la organización Zero Waste Trust de Nueva Zelanda. Al ver el estado del Riachuelo, Knight no podía creer que la situación date de tantos años pero se mostró más que confiada en que se pudiera revertir. “El Thames también estaba en estas condiciones y véanlo ahora. Sólo hace falta trabajo y voluntad”, afirmó.

Consenso legislativo

Es el que se espera en el Parlamento porteño para aprobar el proyecto que logró unir tres iniciativas presentadas e intenta ser una respuesta institucional a la problemática del Riachuelo. El mismo adaptó las propuestas presentadas por el diputado macrista Marcelo Godoy, el arista Juan Manuel Velasco y los kirchneristas Diego Kravetz y Sandra Bergenfeld (en ese orden) y obtuvo el respaldo mayoritario de los miembros de las Comisiones de Ecología, Presupuesto y Relaciones Interjurisdiccionales.

De sancionarse la ley, la Ciudad de Buenos Aires declarará por cinco años la emergencia ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo. A tal efecto, el Poder Ejecutivo deberá realizar un censo habitacional sobre la ribera del Riachuelo identificándose claramente las características ambientales y socioeconómicas como el acceso al servicio de agua potable y cloacas; arbitrar los medios necesarios para trasladar y reubicar a todas las personas que vivan en asentamientos precarios en esa zona; realizar un completo estudio epidemiológico y toxicológico de todos los habitantes potencialmente afectados por la cuenca; y brindar una inmediata y adecuada asistencia y atención médica integral a todos los afectados. Asimismo, deberá actualizar el censo de las emprendimientos fabriles o comerciales que se encuentren en la cuenca del Riachuelo; realizar estudios en el agua, suelo y aire de la cuenca del Riachuelo con el objeto de determinar los contaminantes predominantes; y arbitrar las medidas necesarias a fin de elaborar, y coordinar con otras jurisdicciones un plan de ordenamiento hídrico que permita el tratamiento de efluentes cloacales y pluviales de la Ciudad.

La norma también insta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad a celebrar un tratado en el plazo de 90 días con el Poder Ejecutivo Nacional y la Provincia de Buenos Aires, para constituir una Autoridad de Cuenca, con facultades de regulación, control y poder de policía, para la gestión de las operaciones de saneamiento y prevención de contaminación de la Cuenta Matanza Riachuelo; y establece un presupuesto que no podrá ser superior a los 300 millones de pesos.

Un ejemplo cercano mais muito caro

El río Tietê es el Riachuelo brasilero. Cruza el estado de San Pablo por la mitad y desemboca en el Río Paraná. El grado de contaminación que presentaba a raíz de recibir los residuos de 2.000 industrias contaminantes obligó la puesta en marcha de un plan de saneamiento con un plazo de ejecución de 20 años.

Este proyecto tiene una similitud con lo que debería hacerse en la cuenca Matanza Riachuelo aunque en menor escala, dado que el río Tietê afecta a 39 municipios, es decir, a 19 millones de habitantes y si se tiene en cuenta a la Ciudad y al Área Metropolitana, el Riachuelo involucra a 13 millones. Lo cierto es que el presupuesto proyectado sólo para el saneamiento del río es de, nada más y nada menos, que 2.600 millones de pesos, a los que se le suman 3 millones más destinados a rectificar el curso del río (algo que en el caso del Riachuelo sólo debería hacerse en un tramo por pequeño); crear más plantas de tratamiento (ellos tenían un par y tuvieron que construir varias más, en la Ciudad no hay ningunas pero sólo harían falta entre tres y cuatro); y para ampliar su cobertura cloacal (que en el caso de nuestra Cuenca sería menor la inversión y el trabajo). Lo cierto es que, durante la segunda etapa del proceso, se hizo un relevamiento muy importante respecto de las industrias.

Se cerraron 605 porque consideraron que no había posibilidades de reconvertirlas, 645 fueron encuadradas dentro del marco legal y 267 se autorregulan, lo que en la práctica quedó demostrado que no es conveniente. Otro de los puntos que se pueden aprovechar en la futura experiencia rioplatense es que el saneamiento debe ser previsto desde una visión integral. No sirve de nada sanear el río sino se establece un uso para las costas que pueda llevarse a la práctica.