Publicado: 07/07/2009 UTC General Por: Redacción NU

Piden audiencia pública por el Maldonado

Los legisladores de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, y el radical Milciades Peña dieron esta tarde una conferencia de prensa para explicar la situación que vive la obra de entubamiento del arroyo Maldonado. Pidieron que se cumpla con lo establecido por la Ley 1.660, y que se llame a audiencia pública para estudiar las consecuencias ambientales que podría tener la obra.
Piden audiencia pública por el Maldonado
Redacción NU
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La Ley 1.660, que establecía la realización de un pozo de 31 metros de profundidad para entubar el arroyo Maldonado, fue modificada por el Ejecutivo porteño, llevando este pozo a los 52 metros debajo del piso. En caso de realizarse este agujero tan profundo se podría ver perjudicado el Acuífero Puelche que abarca las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, y que podría modificar el medioambiente de cuatro estados.

Esto es lo que denunciaron Sergio Abrevaya, Facundo Di Filippo y Milciades Peña en la conferencia de prensa que dieron, esta tarde, en la sala de periodistas de la Legislatura porteña.

En comunicación con NU, el legislador de la CC, Sergio Abrevaya dijo ?reivindicamos que esta Ley (por la 1.660) debe ser cumplida?.

Además, Abrevaya denuncia que la nueva obra que quería llevar adelante el Ejecutivo porteño y que fue suspendida por la Justicia ?pone en riesgo a la Ciudad y es más cara?. Le implicaría al Estado invertir más de 40 millones de pesos sobre el precio inicial.

El pozo de 52 metros de profundidad podría generar graves consecuencias ambientales, por eso, los legisladores pidieron que se ?llame a audiencia pública para que se estudie, antes de continuar con la obra, la consecuencias ambientales?.

Para finalizar, el legislador Abrevaya sostuvo que ahora están esperando con ?expectativa la apelación del Gobierno? al fallo de la justicia.

Por su lado, Di Filippo destacó que el amparo original se destacó que que la empresa italiana Ghella Italiana (que ganó la licitación) se asoció para esas obras con IECSA, que presidía Franco Macri y cuya titularidad ejerce ahora uno de sus parientes, Angelo Cataterra.

"Estamos ante un grave hecho de corrupción económica y ambiental", indicó, por otro lado, Milciades Peña, al reseñar las características de la obra, aprobada por la Legislatura porteña mediante la ley Nº 1.660 del 2005, pero modificada sustancialmente -tanto en lo técnico como en lo económico- por el Gobierno de Macri.

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