Horario de carga y descarga: Una ley para que nada cambie
La Fundación Ciudad cuestionó el dictado de la Disposición 328 de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Ciudad que determinó en forma definitiva el horario de 21 a 11 para la carga, descarga, reparto y abastecimiento de mercaderías en la zona del Macrocentro. Igual no se tienen que preocupar mucho ya que nunca el Gobierno de la Ciudad logró encaminar esta problemática, con o sin ley.
"Una vez se perjudicó al medio ambiente urbano y al ciudadano común para favorecer, en este caso, a las grandes cadenas de supermercados" señaló el Dr. Javier María García Elorrio de la Fundación Ciudad que agregó que "con esta medida los vecinos viviremos peor, se agravarán los problemas de transito y con ello aumentará la congestión
vehicular y la polución". O sea, dicho de otra manera, todo seguirá como ahora.
García Elorrio afirmó: "Estamos preparando con otras organizaciones una presentación judicial en defensa del medio ambiente urbano para que se reduzca el horario de carga y descarga, consideramos que los que lucran, los que comercian, como son los transportistas y los supermercados son los que tienen que hacer un esfuerzo y hacer sus
repartos en el menor tiempo posible en vez de que sean los vecinos quienes tengan que pagar la ineficiencia empresaria con una peor calidad de vida y miles de camiones en la calle a cualquier hora. En ese sentido la experiencia piloto del Gobierno fue por lo demás demostrativa de la ineficiencia que exhibe para manejar el transito en esta ciudad".
"La Disposición 328 dictada por el Ingeniero Osvaldo Storani, Director General de Transito y Transporte modifica sustancialmente lo dispuesto por la ordenanza 36.920 extendiendo el horario de carga y descarga en tres horas y agregando el ítem 'abastecimiento de mercaderias' que no existe en la normativa original con el evidente objeto de favorecer a los supermercados", señaló García Elorrio
Llamativamente esta norma se dictó el 26 de agosto de 2003, después de la primera vuelta electoral y antes del ballottage, notificándose de inmediato a la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, lo cual demuestra que se trató de una medida política destinada a satisfacer un evidente interés sectorial.
