Los diputados quieren las comunas, pero no a Cataldo

Curiosamente, el tema no formaba parte de las tertulias políticas, ni de las agendas de los asesores, ni de los desvelos de los diputados. Casi podría decirse que era un tema olvidado, hasta que el juez Juan Vicente Cataldo le ordenó a la Legislatura que desempolve alguno de los muchos proyectos de Ley de Comunas y avance en su tratamiento. El magistrado también dispuso que, de no estar sancionada la ley en las próximas elecciones, el jefe de Gobierno convoque a votar por los jefes comunales dentro de las jurisdicciones de los actuales Centros de Gestión y Participación (CGP).

Tras el fallo, casi todos los diputados se lanzaron a cuestionar la potestad del juez de obligar a los otros dos poderes a tomar decisiones políticas.

La diputada Sandra Dosch, que preside la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, manfestó que "va a ser difícil encontrar consensos, porque hay posiciones encontradas sobre dos temas en especial: la cantidad de alcaldías que debería haber y la cantidad de consejeros que deben conducirlas".

"En cuanto a las alcaldías -expresa la legisladora oficialista-, los radicales quieren que sean 16, como los CGP's, pero hay quienes plantean ocho, o doce. El jefe de Gobierno, además, cuestiona que existan siete consejeros, plantea que deben ser menos, porque sino se crearía una estructura burocrática demasiado grande".

"La Comisión que yo presido tenía previsto comenzar a tratar el tema la semana que viene y lo vamos a hacer", finalizó la diputada del Frente Grande.

El diputado peronista Jorge Argüello, entretanto, afirmó que "el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene derecho a que Aníbal Ibarra haga votar la Ley de Comunas, pero no a que lo haga el juez Cataldo, porque es otro poder".

El ex presidente de la bancada radical, Fernando Caeiro, dijo que "Ibarra se toma del argumento presupuestario para no convocar a elegir autoridades comunales, pero el proyecto de nuestra bancada implica un ahorro sobre los gastos actuales, ya que habría un solo funcionario rentado, que sería el jefe comunal, contra los dos que hay ahora, que son el director del CGP y el delegado comunal".

Además, Caeiro se manifestó crítico con el fallo del juez: "no es el responsable político de los legisladores", expresó.

La legisladora justicialista Alicia Pierini, en tanto, adoptó una posición más conciliadora: "es razonable que la Justicia ordene el cumplimiento de la Constitución, pero no tiene "imperium" en este caso. Puede recomendar, pero no obligar".

Carlos Campolongo, dijo que "desconfío de las intervenciones políticas de un poder sobre otro, lo que no implica abandonar las discusiones sobre las instituciones que aún le faltan a la Ciudad".

"Me gustaría que existiera un debate a fondo sobre este tema -continuó Campolongo- la Ciudad de Buenos Aires no puede ser un territorio feudalizado. De todos modos, la discusión es política, no judicial. Habría que decirle no a la patria judicial".

El presidente de la bancada del Frente Grande, Marcelo Vensentini, centró sus declaraciones sobre las posibilidades de conseguir la ley. "No estoy seguro de que vamos a conseguir los 40 votos que son necesarios para aprobar esta ley, porque hay diferencias entre los diputados. Para que se aprobara, todos deberían ceder un poco".

El diputado socialista Raúl Puy fue el que se manifestó con más contundencia en favor de la ley. "Estamos de acuerdo con el proyecto que presentó Liliana Chiernajovsky hace varios años, que dividía a la Ciudad en 16 comunas, incluso pensé -cuando se aprobó la Cláusula Transitoria Nº 17- que el plazo de cinco años era demasiado extenso".

Su compañero de bancada, Fernando Finvarb, en tanto expresó que "lo que nos molestó es que los últimos tres titulares del Poder Ejecutivo hayan especulado con el rédito político de esta medida, en lugar de considerarla como una política de estado".

Por su parte el diputado Ricardo Busacca (Bloque Popular Cristiano) aseguró "los que siempre manifestamos la necesidad de una Ley de Comunas, vemos en este fallo el triunfo de los vecinos sobre aquellos 'representantes' y estructuras políticas que siempre se resistieron a abrir la participación a los vecinos. Debemos ser conscientes que si la Ley no ha sido aún votada es porque la descentralización implica un recorte a las actuales facultades de decisión del Jefe de Gobierno, aquellas que los hechos demuestran, no han sido utilizadas eficientemente".

Asimismo el miembro del Interbloque Porteño agregó que "es lamentable que la Alianza haya demorado seis años de su gestión para reaccionar y que sea hoy un Juez el que deba tomar la decisión. Si los partidos mayoritarios hubiesen tenido la grandeza necesaria, esta Ley ya estaría sancionada y vigente".

Por último el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Caram, expresó su acuerdo con el proceso de descentralización pero señaló que "aún así, un Juez no puede obligar a la generación del consenso necesario para sacar una ley que requiere de la opinión de todos los partidos políticos ya que para aprobarse deben reunirse 40 votos. Pero resulta aún más deliberante que un dictamen judicial habilite al Jefe de Gobierno a producir un decreto que determine el modo en que se realizaría esa descentralización".

Coincidiendo con la propuesta de Aníbal Ibarra, el diputado radical señaló que "debemos sancionar la Ley de Comunas pero con una estructura menor, reduciendo la cantidad de jefes comunales de 7 a 1. Por eso presenté un proyecto de reforma constitucional que lo plantea de ese modo".