Lo que dejó el juicio de Cromañón

Ni circo, ni nada cambio. Con el juicio oral y público por las 193 muertes en Cromañón y los miles de heridos sobrevivientes quedó en evidencia un nicho de corrupción que cruza a instituciones estatales y negocios privados. Esto queda a la vista, en parte, por las quince personas sentadas en el banquillo de los acusados, quienes este miércoles escucharán que pena o no les cabe.

Desde tres funcionarios de la Ciudad, pasando por dos altos funcionarios de la comisaría 7°, los integrantes de la banda y su manager, como el productor y su empleado de confianza es un entramado que por testimonios y pruebas quedaron en evidencia en su proceder.

En el ámbito de Gobierno, y su pata inspectiva sobre todo, se supo de los miles de expedientes que eran arrojados en un cuarto sin analizar en el sexto piso de la Dirección de Fiscalización y Control (DGFyC), que hoy comanda una funcionaria implicada en la tragedia que derrumbó a Aníbal Ibarra. Pero la desidia no fue todo.

También en la misma noche de la tragedia retiraban expedientes y otros miles fueron tirados en volquetes para ser descartados. Además, hubo inspecciones que abruptamente se cortaban antes de llegar a Cromañón y, además, falsearon una intimación al local un año después de la tragedia.

Esto sin nombrar a una lista de funcionarios que aún están en puestos de Gobierno. Es más, si se remota a los orígenes del inmueble de la tragedia, su habilitación del año 1997 fue cuestionada y se encuentra en otro juicio por fraudulenta.

Un testimonio relevante en cuanto a la relación empresarios de boliche y la subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, fue del ex defensor adjunto Atilio Alimena. Él contó las gestiones de Fiszbin (hoy asesorada por Ignacio Jakim, abogado de Ibarra también) a favor de los empresarios. Esto iba de la mano de un cuerpo inspectivo reducido y sin materiales técnicos. Un total descontrol en las capas de la estructura de control manejada desde los superiores. Todo ello fue dejado en evidencia con alertas previos al incendio y hasta por medios masivos de comunicación.

La misma política de boliches clandestinos, tanto coinciden el abogado y padre de una víctima José Iglesias como la ex funcionaria Fiszbin, perduran con la gestión PRO.

Por la policía los testimonios de los empleados en negro que coordinaba Omar Chabán fueron contundentes. De hecho, han recibido amenazas, como Viviana Cosodoy, que cuenta con custodia, y la muerte dudosa de Ana Sandoval, que igual se incluyó su testimonio por lectura en el juicio oral. Las coimas para la séptima habrían tenido como sentido, y así quedó demostrado por papeles borradores que hasta Raúl Villarreal reconoció haber escrito, permitir el exceso de público. Un local que tenía habilitación para 1031 personas con entradas al valor de 10 pesos recaudó 50 mil pesos. Esto fue declarado por un empleado de la cadena de locales Locuras, que en la noche del 30 de diciembre de 2004 retiró el dinero de la recaudación en una bolsa.

El papel de la Federal se profundiza con su rol en el resguardo del complejo Cromañón. Allí en el subsuelo luego del incendio existió un taller textil descubierto en una inspección judicial, además se robaron materiales del hotel y otras pruebas de la comisaría 7° relacionados con la mayor tragedia no natural del país.

De la banda Callejeros, y su manager, no solo irritó sus actitudes de deslindar culpas en Omar Chabán y sobre todo en su propio público, entre medio de risas y recitales de por medio. Fue decisivo cuando Oscar Ortiz, ex seguridad, mostró en plena audiencia la remera con el lema en amarrillo ?Callejeros-Control?. Una prueba que no fue admitida como tampoco la imputación al jefe de la seguridad de Callejeros, Lorenzo ?Lolo? Bussi. Otro momento histórico cuando la ex prensa, Aldana Pera, contó que en Excursionistas Diego Argañaraz aceptó que unos fans dejaran dos bolsas con pirotecnia debajo del escenario.

Hasta uno de los primeros seguidores contó el funcionamiento oculto de la banda. ?Quien entraba las bengalas era la mamá del Pato?, fueron las palabras de Emiliano Palacios, un adolescente sobreviviente de la tragedia que vive en Villa Celina pero tuvo que exiliarse en España un tiempo por la golpiza recibida tras declarar, y que pese a los amedrentamientos volvió a sentarse en un juicio y exponerse para contar quien ingresa la pirotecnia.

La empresa Locuras con merchandancing y venta de entradas, SADAIC en el conteo de público, el sindicato de músicos con sus miembros que a su vez son funcionarios controladores, un equipo de rescatistas seudo legal, más respaldos políticos y empresariales de dudosa calaña que aún rondan a la banda de orígenes en Villa Celina. Hasta el manager fue acusado de querer ocultar pruebas. Según contó Yoly Mangiarotti (suegra del mánager de Callejeros), hoy intimada por teléfono en tres oportunidades, ?Diego Argañaraz quiso devolverme la computadora de Romina que él usaba para su trabajo. Eso me pareció extraño y después caí porque quería hacerlo pese a que esa computadora la habían comprado los dos y no tenía nada que ver conmigo?.

Nombrado pero ausente entre los acusados fue Rafael Levy. El empresario dueño del complejo de locales, entre los que estaba el salón del Hotel Central Park después conocido como República Cromañón, antes de cada recital recibía a Omar Chabán. En éste último había delegado la explotación del salón convertido en microestadio para recitales. Hasta Levy cometió un gravísimo error. Aparecer esa misma noche en busca de la recaudación del hotel y su agenda de teléfonos.

Así lo declaró en más de siete oportunidades el ex gerenciador Maximiliano Chaparro. Ese testimonio clave para el juicio oral sobre Levy se suma a los otorgados por empresarios del rock, y hasta el propio gerenciador del Hotel Central Park, Julio Gerola. El empresario que ha trascendido a las diversas gestiones del gobierno porteño, desde progresistas a conservadores, pudo contar con un taller textil en el subsuelo de Cromañón hasta cinco meses después del incendio y con el inmueble rodeado con custodia policial. Eso no es todo para el hombre oculto detrás de empresas off-shore. A la vuelta de Cromañón existió hasta diciembre de 2008 el prostíbulo Qutro Cat?s y desde hace meses con la misma off-shore de Cromañón emprendió la construcción de una "saladita", también en la manzana de la tragedia. En el procesamiento que pesa sobre Levy lo acusan de estrago doloso y cohecho. Otros hablan que no permitió retirar la media sombra del techo, bloqueo la puerta del VIP al hotel Central Park. Todo los papeles del boliche fueron ubicados en su conserjería como las llaves que cerraron el candado que bloqueó la famosa salida de emergencia atada con alambre.

Sobre Omar Chabán, el juicio oral y público desnudó los métodos para echar culpas a las víctimas, el proceder de sus abogados al querer recusar al Tribunal Oral, y su relación con Rafael Levy, del cual siempre se negó a hablar en detalle.

Finalmente nunca sacó a la luz esa persona del gobierno de la ciudad que iba a contar el funcionamiento de la parte inspectiva. Su hermano Yamil era en realidad su mano derecha y el soporte político. El hermano de Omar fue consejal en el partido de San Martín y aún preserva su unidad básica, que en la última elección respaldo a Francisco De Narvaez. Yamil en Cromañón manejó las barras de bebidas y además es nombrado en una escucha telefónica al celular de Rafael Levy.

En el juicio una gran mentira quedo derrumbada. Una sola testigo de cientos de sobrevivientes contó que existía una guardería en el baño. En el juicio el tema no será tenido en cuenta por el tribunal y en la elevación al juicio tampoco fue referenciado.

Los jueces Marcelo Alvero, Cecilia Maiza y Raúl Llanos tuvieron siempre en sus manos el manejo del juicio. A tal punto que controlaron con premura pero con rigurosidad la cobertura periodística del juicio.

El fiscal Jorge López Lecube pidió absolución solo para Miguel Angel Belay, ex comisario de la septima pero no al momento de producirse la tragedia. Y para los funcionarios porteños su pedido de condena fue el minimo.