Arranca el juicio oral por los destrozos en la Legislatura
Comienza el juicio oral y público por los destrozos a la Legislatura porteña ocurridos el 16 de julio de 2004, en el marco de la discusión por la reforma del Código Contravencional. El objetivo del juicio, que se iniciará este martes 3, entre las 10 y 17, es determinar quiénes fueron los responsables. Están implicados por el hecho 15 personas que estuvieron un año y dos meses privados de la libertad y luego fueron excarcelados.
El juicio oral será encabezado por los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17, que lo integran Elsa Moral, Silvia Arauz y Alejandro Noceti Achával. El fiscal es Juan José Ghirimoldi. Hasta el 13 de octubre las audiencias serán en el Palacio de Tribunales, luego se realizarán en Comodoro Py. El cronograma prevé que el martes 3 y el miércoles 4 se haga el requerimiento fiscal y las indagatorias. El viernes 6 y lunes 9 declarará personal de la Policía Federal Argentina (PFA). Desde el martes 10 al viernes 13 será el turno de los empleados de la Legislatura. Todos estos testigos son aportados por la Fiscalía. El martes 17 declararán los legisladores, ex legisladores y se leerán las declaraciones escritas. El miércoles 18 y jueves 20 declararán los testigos de la Defensa. El lunes 23 se leerá el alegato del fiscal. Desde el martes 24 al jueves 26, será el turno de los alegatos de la defensa. El viernes 27 quedó reservado para diligencias pendientes. Y, finalmente, el martes 31 se conocerá el veredicto.
Si les cabe la pena mínima, los acusados tendrán que volver a la cárcel por 26 meses.
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales prometieron manifestarse frente a los Tribunales, en Lavalle y Talcahuano, y realizarán una radio abierta. Los militantes están pidiendo la absolución de los procesados en la causa Legislatura y difunden el siguiente petitorio: "Otra vez el poder judicial se ensaña con los/as pobres, con los/as que protestan. El juicio que se le va a hacer a los compañeros y compañeras no corresponde. El tribunal los puede condenar y en caso de que les den la pena mínima tendrían que volver 26 meses a la cárcel por supuestos delitos que no cometieron. No tenemos que permitir que esto suceda por eso pensamos que las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, debemos llevar adelante una fuerte campaña por la absolución de los/as acusados/as en la 'causa Legislatura'. Para adherir al petitorio: causalegislatura@yahoo.com.ar.
Los 15 ex presos de la llamada "Causa Legislatura" son: Marcela Sanagua (mujer en situación de prostitución), Margarita Meira (fundadora del comedor comunitario "Madres de Constitución" y vendedora ambulante), María del Carmen Ifrán Ferreira (mujer en situación de prostitución), Antonio "Tony" Medina (vendedor ambulante de garrapiñadas), Horacio Daniel Ojeda (vendedor ambulante), Eduardo Marcelo Ruiz (vendedor ambulante), Jorge Antonio Nieva (Militante GLTTB de derechos sociales y políticos), Eduardo Héctor Suriano (ayudante de albañil), Fabián Scaramella (albañil y vendedor ambulante), Héctor Gómez (vendedor ambulante), César Gerez (vendedor ambulante), Carlos Santamaría (vendedor ambulante de garrapiñadas en invierno y de anteojos de sol en verano), Jesús Fortuny Calderón (anticuario), Adolfo Sánchez (albañil) y Pablo Martín Amitrano (vendedor ambulante de panchos).
La historia por este caso nació el 16 de julio de 2004, día en que se produjeron los incidentes. Por ello las 15 personas antes nombradas fueron las procesadas penalmente con prisión preventiva y embargo por coacción agravada y privación ilegal de la libertad sobre los diputados de la Ciudad.
La jueza Silvia Ramod inició la causa que encarceló a tres mujeres, un transformista, Jorge Nieva, y 11 hombres (uno de ellos, Antonio "Tony" Medina, era menor de edad cuando ingresó al penal de Marco Paz).
Finalmente, la mayoría (excepto Horacio Ariel Ojeda de 29 años) todos recuperaron la libertad en septiembre del 2005 por el fiscal Alejandro Alagia tras la modificación de la carátula, que pasó de "coacción agravada" a "perturbación de los poderes públicos", figura que permitió la excarcelación.
