El fiscal pidió 2 años de prisión a los funcionarios

El fiscal del juicio oral y público por las víctimas de República Cromañón, Jorge López Lecube, cerca de las 12 de la noche de este miércoles y luego de un alegato que comenzó cinco horas antes, en medio de ironías y enojos por la cadena de hechos de 2004, dio a conocer sus imputaciones y pedidos de condena que incluyen pago de costas para todos y una sola absolución, entre los 15 acusados por ser responsables en la muerte de 193 personas y 1524 lesionados en la mayor tragedia no natural que ocurrió en este país.

López Lecube cargó por igual contra los integrantes de Callejeros, su manager y el escenógrafo. Para ellos solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 la pena de 15 años de prisión por ser coautores del incendio seguido de muerte y cohecho en segundo grado.

Para Omar Chabán por explotador de la discoteca y co-organizador, "que tenía como único fin el lucro", solicitó 23 años de cárcel, y para su segundo, Raúl Villarreal, "quien tenía un kiosquito afuera del boliche" -en referencia a la reventa de entradas que hacia en la puerta del local-, pidió 16 años de prisión por participe necesario en el incendio y cohecho activo.

El fiscal cargo durísimo con el subcomisario Carlos Díaz. Le imputó incendio seguido de muerte e inhabilitación perpetua por el recibo de pagos espurios para no sancionar delitos que ocurrían en el boliche. Por ello pidió que se lo condene a 17 años de prisión. El otro funcionario policial, Miguel Ángel Belay, en cambió no fue imputado, debido a que éste estuvo a cargo de la comisaría 7ª antes del incendio.

Lo que decepcionó a los familiares presentes, que llenaron la sala de audiencias de la Corte Suprema, fue la acusación del fiscal para los tres ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra. Para Fabiana Fizsbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández solicitó la pena máxima por incumplimiento de los deberes del funcionario público, dos años de prisión, y lo mismo para la inhabilitación de cargo público.

Los cuestionamientos al fiscal surgieron luego de realizar un extenso alegato remarcando el riesgo del actuar de los funcionarios. Para la abogada de la querella Beatriz Campos, el incumplimiento del deber de funcionario, es delito penal. Una madre recordó la frase de López Lecube al decir que los funcionarios fueron responsables de las muertes de 193 en el boliche.

El fiscal hizo hincapié en el rol de quien denominó "como el terco Atilio Alimena".

"Los alertas fueron reiterados", e hizo un conteo de las actuaciones de la Defendería del Pueblo y lo tramitado por Alimena frente a Fiszbin (subsecretaria de Control Comunal) quien dio un ?argumento que es un atentado a la razón" excusándose en la falta de computadora y sistema informático. Tampoco aceptó el fiscal la prueba presentada por Fizsbin sobre la habilitación de Cromañón.

Ana María Fernández (directora adjunta de Fiscalización y Control) tuvo un pedido de inspección sobre Cromañón del comisario Federico pero que nunca fue realizado. En tanto que Gustavo Torres (director de Fiscalización y Control) sabía que la última inspección a Cromañón fue abortada de manera sorpresiva el 21 de marzo de 2004. "A esa inspección fueron tres patrulleros, y dos camionetas pero no pudieron llegar a Cromañón", dijo.

Al finalizar su alegato, el fiscal elogió el empeño puesto por los jueces que utilizaron tecnología en el juicio y aceptaron su propuetas, en realidad de la fiscal que lo acompaña, de la presencia de los expertos de asistencia a la víctima para resguardar a los testigos. "Espero que el 19 de agosto sepamos que sucedió en República Cromañón", expresó a modo de conclusión.

A la salida de la audiencia, cuando pasaban los primeros minutos de este jueves, el abogado José Iglesias aseguró que para condenar a los políticos (en referencia a la solicitud de condena del fiscal sobre los funcionarios) "es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja".

Iglesias, por la absolución de Belay no se sorprendió, mientras que recordó el proceder del defensor adjunto Atilio Alimena respecto al funcionamiento de los boliches mucho antes del incendio. "Es un héroe no reconocido. Él encima tuvo que soportar que iniciaran una causa que se titula con su nombre y las presiones que recibió durante el juicio político".

Ante este medio Jorge López Lecube sostuvo que pidió la pena máxima a los entonces funcionarios y que no puede conformar a todo el mundo.

Albino Stefanuolo se fue contento, según expresó, porque su cliente Raúl Villareal cuenta con pedidos de condena dispares, lo que deja en evidencia que "las querellas no coinciden entre sí".

"Son contradictorios porque van de 6 a 16 años, lo que demuestra que sus acusaciones no son sólidas. Más allá de eso Villarreal (que fue abuelo por primera vez y eso produjo su salida de la audiencia) no tenía posesión de garante en el show, él estaba en la puerta", comentó el abogado.

Finalizado los alegatos de las querellas y el fiscal, quedan los abogados defensores. Empezarán el martes 16 los abogados de Omar Chabán.