Los K y los Pro ante una bomba de tiempo

Nadie se atreve a pronosticar hasta dónde llegará la escalada del conflicto. Para algunos ni siquiera tiene techo. En lo que sí coincide la mayoría es en la improbabilidad de que se resuelva en buenos términos y a través del diálogo; en lo que todos están de acuerdo es en lo que pasará en el futuro cercano.

Las hostilidades entre la Nación y la Ciudad por el conflicto del subte aumentarán y los principales perjudicados serán los usuarios. Y todo esto se debe a que ninguna de las dos partes implicadas cede, bajo ningún concepto, su posición sobre la cuestión.

Para el Gobierno nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la administración porteña debe hacerse cargo de la red de subterráneos y el Premetro, tal como lo indica una ley aprobada semanas atrás por el Congreso de la Nación.

Pese a ello, desde el gobierno de Propuesta Republicana (Pro) se niegan a hacerse cargo del servicio en las condiciones en que funciona actualmente y le reclaman a la Nación que cumpla con lo que prometió en el tema obras de mantenimiento y seguridad.

A los dos actores principales de la disputa se le agregan las exigencias de Metrovías, la empresa concesionaria del servicio (el 90 por ciento de su paquete accionario pertenece al grupo Roggio), y los reclamos y medidas de fuerza sindicales de los trabajadores del subterráneo. Un quinto participante se suma al enredo y se trata nada menos que del rol de árbitro que cumple la Justicia ante las presentaciones realizadas por los involucrados en la pelea.

A pesar de los objetivos particulares de cada uno de los protagonistas, a medida que la disputa crece, se arman alianzas temporales, que básicamente responden a las posturas de la Nación y la Ciudad. De esa manera, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y el Premetro (AGTSyP) está más cerca del planteamiento que hace la administración kirchnerista. Por el otro lado, Metrovías se emparenta más con la posición del Jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Esas alianzas provocaron que el campo de batalla se ampliara. Si la pelea fue desde el inicio eminentemente política, a eso se le agregaron una pata sindical y otra judicial, que no hicieron más que agrandar las diferencias y llevar la cuestión a un callejón sin salida.

Luego de que el lunes terminara sin acuerdo una reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que reunió a los representantes de los trabajadores y los apoderados de la concesionaria, el gremio del subte anunció un paro de 36 horas, que comenzó el miércoles a las 12 y se extendió a todo el jueves.

Los delegados exigen un aumento salarial del 28 por ciento sobre los básicos, viáticos y el ítem ?falla de caja?; elevar lo percibido por antigüedad del 1,3 al 2 por ciento y modificar el régimen de licencias y el nivel de los haberes para el sector de boletería. Pero a la discusión por las paritarias, el salario y las condiciones laborales se le agrega una cuestión nada menor: existe una solicitud política de los trabajadores que apunta directamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad.

?La continuidad de las medidas de fuerza depende de Macri?, amenazó el secretario adjunto de la AGTSyP, Néstor Segovia, en el transcurso de las acciones de protesta que se llevaron a cabo la última semana de abril y que incluyeron levantamiento de molinetes y un paro de medio día.

El gremialista manifestó que la continuidad del plan de lucha está suscripta a la participación del gremio en las negociaciones salariales y de mejores condiciones de trabajo, y que eso ?depende de que el Gobierno porteño se haga cargo de la gestión de los subterráneos?.

Ante la negativa de Metrovías de subir salarios, aduciendo que la empresa tiene pérdidas y que ni siquiera les está pagando a los proveedores ni realiza tareas de mantenimiento de los vagones y que, para satisfacer el reclamo de los empleados debería percibir un subsidio más elevado que el actual, que es de 720 millones de pesos anuales, el titular de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Juan Pablo Piccardo, aseguró ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que la Ciudad no tiene nada que ver en el conflicto entre los trabajadores y la patronal, debido a que no maneja el subte.

Ante ese panorama, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y los metrodelegados decidieron convocar a un paro de 36 horas.
?El Grupo Roggio está aliado con Macri en contra de la Nación y el gremio y por eso le aconseja a Piccardo que no concurra a las reuniones en la cartera de Trabajo o, en caso de verse obligado a hacerlo, que sostenga la posición de que la Ciudad no tiene nada que ver en el conflicto entre el sindicato y la concesionaria porque no tiene el control de la red de subterráneos. Esta postura hace que la solución del problema dependa exclusivamente de la Nación. Mientras, Metrovías se mantiene firme en sus dichos, asegurando que no tiene plata para subir los sueldos. Es más, en caso de que Tomada la obligue a elevar los salarios en una cifra que le parezca excesiva, la empresa analiza muy seriamente la posibilidad de dejar la concesión, debido a que la concesionaria ya obtuvo suculentas ganancias desde que se hizo cargo del servicio y podría abandonarlo sin dificultades, en caso de ver reducidas sus utilidades, con lo cual el problema se agigantará el doble?, le manifestó a Noticias Urbanas un directivo jerárquico del Grupo Roggio.

Metrovías tiene la concesión del servicio desde 1994 hasta 2017, pero en caso de retirarse provocaría una complicación mayúscula al Gobierno nacional, porque se debería llamar a una nueva licitación para hacerse cargo del subte, con el tiempo lógico que ello conlleva, y mientras tanto el Estado debería hacerse cargo del normal funcionamiento del transporte, situación para la cual no está preparado, ya que no cuenta con el personal capacitado para llevarlo adelante.

Con esta carta bajo la manga, el Grupo Roggio cerró filas con Macri y le sugirió que no ceda en su pelea con los K, para que éstos se vean obligados a negociar.

Siguiendo está línea de acción, el Pro pretende que se revise el contrato de concesión con Metrovías, que se encuentra en la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), un organismo creado por Néstor Kirchner al inicio de su mandato para revisar todos los contratos de las privatizadas.

Allí están los reclamos cruzados entre el Estado y el Grupo Roggio y hasta que no se analice ese contrato no está claro quién le debe a quién, ni cuáles son los compromisos reales que asumiría el Gobierno porteño con la transferencia del subte, ni qué facultades tiene.

Sin embargo, para los sindicalistas Metrovías miente. ?Es mentira que no disponga de plata, ya que el año pasado obtuvo ganancias millonarias y con el aumento del 127 por ciento del boleto a fin de año habrá obtenido una ganancia de 100 millones de pesos más, si se lo compara con lo obtenido en 2011?, dijeron.

Ante las acusaciones cruzadas y la rigidez de las posiciones que sostienen la Nación y la Ciudad, todo parece indicar que el tema del traspaso se resolverá en la Justicia. Por eso, ambas administraciones ya movieron sus fichas en ese sentido, lo que obligó a los miembros de la familia judicial a expedirse, a pesar de su intención de permanecer al margen de la disputa.

El jueves de la semana última se conoció una resolución, que según los entendidos podría ser decisiva en la postura que adoptaría la Corte Suprema de Justicia en caso de que se vea obligada a definir a quién le corresponde hacerse cargo del subte.

Ese día, la titular del juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo Federal, Rita Ailán, rechazó el pedido judicial de Sbase para que se dicte una medida de no innovar y de esa manera no se efectivice el retiro de miembros de la Policía Federal que custodian las estaciones de subterráneos.

?Las decisiones tomadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, motivo del presente amparo, son decisiones que toma el órgano de la Administración bajo su responsabilidad, en virtud del principio de la división de poderes y en el marco de sus atribuciones, valorando la oportunidad, mérito y conveniencia, considerando que las mismas son de su exclusiva competencia y exceden la revisión jurisdiccional. Por ello, entiendo que la acción de amparo promovida debe ser rechazada?, expresó la magistrada federal en su resolución.

En los considerandos del fallo, la jueza también aclara que en la causa ?presentada originariamente ante la Justicia porteña y remitida por la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad a la Justicia federal?, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se encuentra demandado sino que es el demandante de una acción de amparo, acción que para la magistrada no es la vía adecuada para resolver temas de la complejidad que un conflicto entre jurisdicciones como el planteado representa.

A pesar, de que el dictamen le da la razón a la Nación, la jueza evita opinar sobre el tema de fondo, en la relacionado a quién se debe hacer cargo del manejo del subte y aclara que esa es una cuestión que no debe resolverse en la Justicia sino a través del diálogo entre los implicados.

?En caso de que el traspaso llegue a la Corte Suprema, esta resolución sentaría un precedente a tener en cuenta y el mismo le estaría dando la razón a la Nación, en contra de lo que esgrime la Ciudad?, le explicó a este medio un abogado especializado en el tema.

Los miembros del máximo tribunal están divididos en dos grupos con respecto al subte: un sector sostiene que se debe fallar en la cuestión si el litigio llega hasta la Corte, mientras que otro grupo cree lo contrario y que el conflicto lo deben resolver la Nación y la Ciudad, sin la intromisión judicial.

Luego del dictamen del jueves, el martes de esta semana se conoció que la acción de hábeas corpus presentada el lunes por Piccardo contra el ministro de Trabajo de la Nación, por abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad tras la disposición de la fuerza pública para obligar la asistencia del funcionario porteño a una reunión de paritarias de trabajadores del subte, fue rechazada por el juez Fernando Klappenbach, quien consideró ?obligatoria? la asistencia a las audiencias.

En su resolución, el juez expuso que la acción planteada por Piccardo ?no tendrá favorable acogida por no coincidir con la situación de hecho relatada por el presentante. El Ministerio de Trabajo tiene toda la competencia para citar, invitar y, si no viene, hacer concurrir por la fuerza pública al presidente de Subterráneos de Buenos Aires?.

El macrismo realizó dos denuncias judiciales, la primera a través de la Procuración General de la Ciudad, en el juzgado en lo Penal Federal número 10 de Julián Ercolini, contra Tomada y el subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Caneto, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad agravada. Y la segunda, la realizó Piccardo con un pedido de hábeas corpus, que recayó en el juzgado de Instrucción Nº 6 de la Ciudad a cargo de Fernando Klappenbach.

Las presentaciones judiciales del Pro motivaron la reacción de los legisladores porteños aliados al Gobierno nacional. En un comunicado de prensa, los legisladores del bloque Frente para la Victoria (Juan Cabandié, Francisco Nenna, Gabriela Alegre, María José Lubertino, Alejandro Amor, Mateo Romeo, Dante Gullo, María Rachid), Nuevo Encuentro (Gabriela Cerruti, Delia Bisutti, Edgardo Form) y el Frente Progresista y Popular (Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi) manifestaron ?su apoyo a las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo en las paritarias del subte? y rechazaron ?la victimización del titular de Sbase?.

El racconto de las acciones llevadas a cabo por los contendientes auguran una escalada del conflicto, que cada día que pasa crece más y ni la Nación ni la Ciudad están dispuestos a bajar un cambio, con lo que el futuro se ennegrece sin límite alguno.