Audiencia judicial por las víctimas de trata
La ley de asistencia a las víctimas de trata por explotación sexual o laboral nunca fue aplicada y por ello la justicia porteña citó al Gobierno Porteño a una audiencia este viernes, a las 14.
La intromisión del poder judicial resulta porque la ley de las víctimas de trata fue sancionada hace un año y publicada por boletín oficial aunque jamás contó con área de ejecución y tampoco presupuesto. Este vacío del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la ley generó el desamparo de un matrimonio que fue víctima de trata para talleres textiles, uno de ellos proveía a la marca Kosiuko. Ante esa dramática situación los costureros con apoyo de la Defensoría Oficial y la ONG La Alameda radicaron un amparo judicial que fue aceptado a mediados de junio, por el titular del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Guillermo Treacy.
El magistrado sentenció a la gestión PRO a dar alojamiento en las condiciones que requiere la ley 2781. La norma que cumple con tratados internacionales firmado por este país y confirmado por la Legislatura local da cuenta del alojamiento a las víctimas de trata que obliga a ?brindar a las personas y grupos familiares afectados, en consonancia con lo establecido en la Ley 114, alojamiento inmediato y durante el período en que permanezcan en situación de vulnerabilidad?.
Los costureros Oscar y Concepción en varias reuniones intentaron ser convencidos por funcionarios del Gobierno de aceptar primero un subsidio para alojarse en un hotel y que ellos mismos debían buscar presupuesto para su alojamiento.
La Defensoría Oficial Nº 2 del fuero Contencioso, con Ramiro Correa a la cabeza, lo rechazó de plano. A todo esto desde marzo que los costureros perdieron el resguardo de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) y tuvieron que alojarse en el centro comunitario de La Alameda. Allí recibieron la solidaridad de los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que les enviaron colchones y sábanas mucho antes que el Gobierno cuando hace algunas semanas atrás envió a operadores del programa BAP.
Las acaloradas discusiones de los costureros y la Alameda con dos direcciones (Asistencia a la Víctima y la de Minorías y sus Garantías) de la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otras áreas, llevaron varios días. En un momento como salida provisoria, el Gobierno, con el subsecretario de Derechos Humanos Helio Rebot a la cabeza, ofreció un centro de evacuados ubicado en La Boca.
Ese alojamiento fue rechazo por los demandantes y en ello coincidió el juez Treacy ?por no ajustarse a la orden cautelar? ya que ?la solución ofrecida implicaría replicar un entorno similar al que padecieron durante varios años?, esto es los talleres textiles clandestinos donde se vive en cuchetas en el mismo lugar donde pueden llegar a trabajar por más de 16 horas por día.
Incumplido el alojamiento como lo determina la ley, la Defensoría Oficial en conversación con un abogado de la Defensoría del Pueblo porteña determinó requerir la ampliación del amparo. El magistrado aceptó que también se debe brindar asistencia médica y psicológica a Concepción y Oscar.
El juez Treacy aceptó la ampliación del amparo el viernes pasado y requirió la audiencia ?con el objeto que la demandada (e Gobierno) informe las acciones que llevará a cabo para cumplimentar las medidas cautelares?.
?No creemos en las psicólogas que nos vinieron a ver. Ellas nos mintieron. En una reunión nos hicieron pasar solos sin nuestros abogados de la Defensoría. Dijeron que era para hacer un estudio psicológico. Una vez adentro llegaron como diez funcionarios pero para convencernos de aceptar alojamiento. Esas personas nos mintieron y no confió?, señaló Concepción a este medio y seguramente lo expresará en la audiencia judicial.
