Pierini amplió denuncia por el trabajo esclavo

Hace poco más de diez días moría en el Hospital de infecciones Muñiz un joven costurero boliviano por enfermedades relacionadas con su trabajo en un taller textil clandestino. Tres días después del caso fatal la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, amplió los datos sobre la trata de personas que trabajan en condiciones de servidumbre en talleres textiles clandestinos.

Más de veinte testimonios de costureros que señalan las direcciones de los talleres, para que empresas legales trabajan, como fueron trasladados y las condiciones de vida; las primeras actuaciones de la Defensoría que datan del año 1999 y un informe sobre la "Inmigración y tuberculosis en la Ciudad" son los datos que se encuentran en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 8, a cargo de Jorge Urso.

Los fundamentos expuestos en el escrito que amplía la primer denuncia de la Defensoría del Pueblo, realizada en octubre del año pasado y ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Capital Federal a cargo de Norberto Oyarbide, asevera que "el modus operandi de estas organizaciones (fabricantes y talleristas) parece no circunscribirse a una serie de casos aislados sino que constituye un verdadero modo de producción consolidado y tácitamente consentido por las autoridades nacionales y locales durante mucho tiempo".

Los talleres implicados se ubican todos en Capital Federal. El más significativo es el que se encuentra a cargo de Secundino Cigarra. Éste sujeto de nacionalidad boliviana tiene se domicilio y taller en la calle Pirovano 251 y en Uspallata 4120. Allí el declarante confeccionaba camperas de verano a cambio de pagarle un peso con veinte centavos por prenda. Trabajo desde el mes de agosto o septiembre de 2004 en el taller de la calle Pirovano aproximadamente un año y luego fue trasladado al taller de Uspallata 4120. En el taller de Pirovano había alrededor de diez máquinas y en el de Uspallata alrededor de diez u once máquinas. En este último taller hubo un robo el 25 de marzo. Entraron a las 15 horas personas que se robaron maquinarias y ropa del taller; y aparatos electrónicos y dinero de los costureros. "A raíz de eso el fabricante, la firma 'Port Said', dejó de entregar trabajo". Otra curiosidad es que los costureros esclavizados fueron a declarar a la comisaría de Pompeya (no se detalla el número en la causa). El hermano del propietario, Rubén, es encagado de uno de los talleres.

Otro testimonio señala que desde el año 1993 y hasta el 2005 trabajó en el taller de Abdón Yujra Mendoza sito en Tilcara 2143. Allí confeccionaba ropa fina, cosía blazers de mujer para la fábrica "Pamplinas", "Graciela Naum", "By me", "By Simons".

Mediante la estación de radio boliviana "San Gabriel" otro costurero se enteró que Rosalía Zarsuri y su esposo José Ponce Medina ofrecían trabajo en Argentina. Viajó en enero de 2002 para trabajar en el taller de Cádenas 2012. Allí funciona un taller con alrededor de cincuenta máquinas.

Otros de los talleres esclavizantes de la Capital denunciados son: Luis Viale 3046 (la misma calle donde se incendio un taller textil clandestino) casa con un taller de costura, que contaba con siete máquinas. El taller trabaja para la firma ND, propiedad de una persona de nacionalidad. El declarante asegura que trabajo desde el 2001 al 2004. Otro taller denunciado es el de la calle Eva Perón 3561, que maneja Jaime Quispe. En la calle Portela 1251 el propietario del taller es Julio y tiene también el bar "Ave de Cristal", que funciona en la anterior dirección. En la calle Echandía 3857 funciona un taller que falsifica marcas y trae trabajadores de Bolivia. El propietario se llama Juan Maquera y vende su producción en La Salada (feria partido de La Mantaza) y locales de Flores y de Once. En Directorio 3338 funciona un taller con alrededor de cuarenta a cincuenta máquinas; su propietario Mario Chuquimia y al parecer tuvo problemas con la ley por el delito de reducción a servidumbre, por lo que sus bienes estarían a nombre de su concubina. En Ramón Falcón 3175 un taller de costura de propiedad de una persona que se hace llamar Martín de nacionalidad coreana. En Rafaela 3745 trabajan costureros esclavizados a ordenes de la pareja que responden a los nombres de Raúl y Hortensia. Se denuncia un taller ubicado en las calles Bacacay y Chivilcoy y el dueño de dicho taller se llama Rubén, que se cree su apellido es Aruquipa. En la calle Olivera casi Eva Perón la señora María Luz es la encargada de dar tareas laborales.

Para remitir los datos a la justicia la Defensoría abrió la actuación 5601/05, que tiende a investigar si existe violación sistemática de los derechos humanos. Los testimonios, sólo figuran las iniciales de sus nombres y apellidos, aportaron que las condiciones laborales en los talleres son: jornadas de 20 horas, traslado de los trabajadores desde Bolivia, donde son reclutados ingresándolos ilegalmente y cobrándoles sumas abusivas por los "trámites" -que implican evitar los controles fronterizos- y por el costo del viaje, que luego les descuentan de su paga mensual, sueldos de entre 300 y 400 pesos por mes, los hombres duermen en un galpón ubicado en la terraza y las parejas en el taller de planchado en unas pequeñas carpas, en todos los casos en situaciones de hacinamiento, no dejan salir a los niños a las escuelas ni les permiten recibir atención médica, ausencia absoluta de higiene y sanidad.

Además la titular de la Defensoría y el jefe del área Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo, Mario Ganora, recolectaron datos proporcionados por el sistema de salud porteño (por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo) y declaraciones de los funcionarios en los medios periodístico.

"La conclusión de nuestra investigación es que existe una clara violación sistemática de los derechos humanos en la Ciudad con respecto al trabajo clandestino en talleres textiles", conjeturó a NOTICIAS URBANAS Mario Ganora.

Y además planteó sin titubeos el patrocinante de la causa por parte de la Defensoría del Pueblo y jefe del área Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional que "aún no se modificó nada. La cable económica son los intereses de los fabricantes de ropas, con sede en la ciudad. Con este sistema de subcontratación no pagan impuesto, cargas provisionales, y sobre todas las cosas las responsabilidades (ley 12.713 regula el trabajo domiciliario) de la explotación salvaje. Resisten los grandes fabricantes y cuentan con el apoyo del Estado nacional y Ciudad por omisión".