El financiamiento de los partidos en la última campaña
Los partidos y alianzas políticas que participaron en las últimas elecciones de octubre de 2005, presentaron ante la justicia sus gastos.
Gracias a un monitoreo de Poder Ciudadano se pudo llegar a conocer que los informes de gastos, por parte de las agrupaciones partidarias reflejaron importantes "deudas con proveedores" por servicios y fondos utilizados durante la campaña del año pasado.
En el caso del Frente para la Victoria (FPV), el trabajo señala que entre los acreedores aparecen numerosas empresas que reciben inversiones en publicidad oficial del Ejecutivo Nacional.
A su vez Poder Ciudadano pudo constatar que varias fuerzas aparentemente "ocultaron" la lista de donantes privados antes de los comicios, ya que "la mayoría de las donaciones se registraron después del 13 de octubre, fecha de presentación de los informes previos ante la Justicia". De esta manera los ciudadanos no pudieron contar con esa información al momento de emitir su sufragio.
Quien encabeza la lista de deudores en la Ciudad Autónoma es el Frente para la Victoria (FPV) que declara tener una deuda de 444.796 pesos. La deuda es con empresas dedicadas a la publicidad en la vía pública, que al mismo tiempo contaron con inversión del gobierno nacional. Estas son: Viacart (41.627 pesos); Pinta Baires SRL (58.117 pesos); Horizontes del Sol SA (15.615 pesos); Top Publicidad SA (13.723 pesos); Publicar SA (74.038 pesos); Eduardo Osvaldo Lausi (37.822 pesos), Carlos Girola & Asociados (41.281 pesos); Wall Street Vía Pública SA (116.464 pesos).
El informe de Poder Ciudadano plantea que estos proveedores "recibieron inversión del gobierno nacional en publicidad oficial, durante el período 2003-2005, en montos llamativamente altos. Por ejemplo, Viacart recibió 1.204.274 pesos; Pinta Baires SRL recibió 1.218.704 pesos; Top Publicidad recibió 500.092 pesos; Publicar SA 417.600 pesos; Eduardo Osvaldo Lausi 847.282 pesos; Carlos Girola & Asociados 1.649.051 pesos y Wall Street Vía Publica SA 629.781".
Alternativa para una República de Iguales (ARI), que lidera la diputada nacional por Capital Federal, Elisa Carrió, es el segundo partido que más debe en la Ciudad. El ARI declara una deuda de 210.950 pesos, en concepto de préstamos a reintegrar. Entre los acreedores se encuentran cuatro legisladores (Teresa Anchorena, Enrique Olivera, Fernando Melillo y Fernando Cantero) y dos diputados nacionales (María América González, Emilio García Méndez), todos ellos 16.640 pesos. Ana Anuch (40.000 pesos) y César Porto (26.000 pesos) son los acreedores particulares. "Este partido no ha recibido contribuciones de empresas en el transcurso de la campaña", según el informe.
La Unión Cívica Radical (UCR) declara un déficit de 51.347 pesos, producto de la diferencia entre los ingresos obtenidos (194.000 pesos) y los gastos efectuados (245.347 pesos). Al mismo tiempo, declara "no haber percibido aún 54.479 pesos en concepto de aporte público por impresión de boletas".
La situación económica es favorable para la alianza Propuesta Republicana (PRO) que arroja un saldo positivo de 16.549 pesos. Según este partido "no ha percibido donaciones de empresas a lo largo de la campaña".
Otros partidos que recibieron menos voto también tienen déficit: Espacio Abierto (María José Lubertino) 36.389 pesos, Asambleas del Pueblo (Margarita Meira) 18 mil pesos, Red Por Buenos Aires (Abel Fatala) 16 mil pesos, Acción Ciudadana (Alejandro Biondini) 12 mil pesos.
Los balances de campaña presentados ante la justicia electoral en cada uno de los distritos donde compitieron, es en cumplimiento de la ley 25.600 de financiamiento de partidos políticos, aprobada en 2002.
La ley los obliga a presentar una estimación de gastos de campaña 10 días antes de las elecciones (informe previo de gastos) y un informe final (dos meses después de la votación).
Por primera vez en la historia de las elecciones de este país es posible consultar todos los reportes de gastos en el sitio de internet del poder judicial de la nación www.pjn.gov.ar (Fuero Electoral). Ello fue posible porque la Cámara Nacional Electoral diseñó un software especial para facilitar y homogeneizar los datos a cargar por los partidos y alianzas.