Diputada libertaria dijo que su hijo usa pasajes oficiales del Congreso
La diputada nacional por Salta María Gabriela Flores (La Libertad Avanza) admitió públicamente que utilizó pasajes oficiales del Congreso para que viaje su hijo entre Salta y Buenos Aires; la confesión desató críticas y pedidos de investigación de la oposición en la Cámara de Diputados.
En una entrevista radial y en declaraciones públicas, Flores reconoció que “en alguna oportunidad” su hijo viajó con pasajes gestionados por el Congreso y defendió la práctica con la frase “no es un delito”, según consignaron medios que cubrieron la polémica. La admisión llegó después de la difusión de imágenes y reportes locales que pusieron el caso en la agenda nacional.
La revelación generó una reacción inmediata de bloques opositores y de sectores que reclaman mayor control sobre los beneficios parlamentarios: se pidieron informes a la Secretaría Administrativa y la intervención de la Comisión de Ética para determinar si hubo un uso indebido de viáticos o una vulneración del reglamento interno. Voces críticas señalaron que los pasajes y viáticos están destinados al ejercicio del mandato y que su transferencia a terceros suele estar limitada o prohibida.
Escándalo por uso de pasajes de avión para diputados
— Avellaneda_Real (@avellaneda_real) April 9, 2026
La diputada libertaria María Gabriela Flores de Salta admitió abiertamente que usó pasajes del Congreso para que su hijo vaya a la facultad. pic.twitter.com/vsAnlUNkIs
Flores explicó que los viajes respondían a motivos familiares y educativos, ya que su hijo cursa estudios en Buenos Aires, y aseguró su disposición a colaborar con cualquier investigación administrativa que se abra. Pese a ello, la oposición enfatizó el impacto político de la admisión, al contrastar el discurso público contra los privilegios con el uso de recursos estatales para fines privados.
El episodio reaviva un debate más amplio sobre transparencia y regulación de prerrogativas parlamentarias: especialistas en ética pública consultados por la prensa remarcan la necesidad de reglas claras, registros públicos accesibles y sanciones disuasorias para evitar prácticas que erosionen la confianza ciudadana. En el Congreso, el caso se seguirá de cerca mientras se evalúan pasos administrativos y eventuales sanciones.
A medida que avanza la jornada del 9 de abril de 2026, la controversia mantiene la atención mediática y política: la admisión de María Gabriela Flores se suma a una serie de episodios que ponen en tensión la narrativa oficial sobre austeridad y control de la “casta”, y obligará a la Cámara a definir si el uso de pasajes por parte de familiares constituye una irregularidad sancionable o un vacío reglamentario a corregir.
