Macri vetó la ley de Emergencia Habitacional

"Hoy vetamos una ley que prohibía desalojar inmuebles que son propiedad del gobierno. Se evalúa caso por caso. No hay una solución única. Despacito, en silencio, se van 1haciendo desalojos". Esas fueron las palabras que eligió el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, para anunciar el veto a una medida polémica aprobada por el conjunto de la oposición en la Legislatura porteña.

La norma, presentada inicialmente por el diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo (y acompañada por el resto de los bloque no oficialistas), disponía la "Emergencia Habitacional" de la Ciudad y frenaba los desalojos de familias en situación de pobreza que ocupen terrenos y edificios pertenecientes al Estado porteño. Además, obligaba al GCBA a presentar un plan de acción para mejorar la situación habitacional.

En diálogo con NOTICIAS URBANAS, Di Filippo adelantó que acudirá a la justicia, "porque el veto del Ejecutivo es inconstitucional. No puede ser que ante semejante nivel de crisis habitacional, el mayor desalojador sea el Gobierno, cuando lo que debería hacer es dar garantías y soluciones ante esta problemática".

"El Ejecutivo sigue sin reconocer la emergencia, sin prestar la atención debida a este problema, a sus consecuencias cotidianas como lo que pasó en La Boca, porque desalojar en la situación actual representa que esa gente vuelva a parar a otro lugar tomado, o a alquilar en la villa en condiciones fraudulentas", agregó.

La posibilidad del veto del Ejecutivo a esta ley comenzó a correr hace varios días, por ello varias organizaciones sociales y ong's se pronunciaron en contra en su momento.

El legislador, autor de esa ley Nº 2.973, informó que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (Juzgado de feria a cargo de la Dra. Elena Liberatori) dictó en su momento una medida cautelar en el marco de una acción de amparo iniciada por él (autos caratulados "DI FILIPPO FACUNDO MARTÍN CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO") por la cual resuelve "suspender todo procedimiento de desalojo de personas en la traza de la ex AU3 dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ordenar se abstenga de disponer o de llevar adelante cualquier procedimiento tendiente a dicho fin".

"La resolución de la jueza Liberatori muestra a las claras que Macri no sólo está a contramano de la Justicia, sino que no le importa la situación de quienes no tienen vivienda, que son poco más de medio millón de habitantes de la ciudad", agregó..

Para fundamentar el fallo que protege a los habitantes de la traza de la Ex AU3 -en el que también se dispone que el diputado Di Filippo designe un/a interventor/a informante para que dé noticia del cumplimiento de la medida cautelar y del funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la traza Ex AU3- la Jueza Liberatori afirmó "?no caben dudas que estamos ante la amenaza cierta a un derecho constitucional doblemente afectado por el proceder del GCBA. Por un lado, porque no se han tomado los recaudos acerca de donde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar con sus pertenencias, y sin contemplar qué sucede con los niños. Por el otro, tampoco le es respetado a este conjunto de personas, su derecho a vivir a menos en donde están, aún en la situación de precariedad absoluta en la que se hallan, ya que nada se habría previsto ante la ejecución de una medida última como es el traslado frente a la extrema vulnerabilidad en la que viven. Como se aprecia, el desalojo en todo caso, debería ser el último eslabón de una cadena de decisiones previas y dentro de un esquema global tendiente a una solución definitiva a tantos graves problemas cuyo eje es la falta de una vivienda digna. En suma, a estas personas se les está desconociendo su calidad de tales tanto porque no existirían políticas públicas para solucionar definitivamente la carencia de una vivienda digna como por el hecho de que ante tal inexistencia y aumentando -si cabe- su desprotección actual con un desalojo que los conduce literalmente a tener que vivir en situación de calle, como parias".

"La Legislatura ya se expresó, la Justicia ya se expresó, sólo falta que los gobiernos entiendan que lo que estamos planteando no es un capricho, es una cuestión de cumplimiento de los derechos humanos más básicos?, concluyó.