Cambio de reglas en la prostitución
La prostitución es el oficio más viejo del mundo, y a través de los siglos, las sociedades han convivido, perseguido, ocultado, legalizado más nunca eliminado la actividad. En la Ciudad de Buenos Aires rige un código de convivencia formalmente denominado Código Contravencional; en dicho compendio de normas, la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos tiene su espacio en el artículo 81 estableciendo una pena de 1 a 5 días de trabajos comunitarios o multa de hasta 400 pesos a quienes ofrezcan o demanden servicios sexuales ?en forma ostensible? en espacios públicos no autorizados.
Si bien el único espacio público autorizado es una zona dentro del Parque Tres de Febrero, quienes recorran las calles porteñas una vez caído el sol podrá toparse con trabajadoras y trabajadores sexuales en diversos puntos de la Capital. Dominicanas fuertes de caderas y débiles de ropa en la calle Pavón (Constitución); muchachos dispuestos a relacionarse por dinero con otros muchachos recorren la avenida Santa Fe entre Pueyrredón y Callao; traviesas travestis para la satisfacción sexual rápida en la zona de los bosques, y para quienes quieran tomarse un poco más de tiempo? Godoy Cruz. En el Bajo Flores, Liniers y las proximidades del Parque Roca también se puede ver oferta de sexo y autos y peatones preguntando precios.
Reconociendo los inconvenientes que la prostitución callejera genera en los vecinos, y señalando también los inconvenientes con los que actualmente se encuentran los fiscales para poder accionar, el legislador PRO Daniel Amoroso presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar el artículo 81 del Código Contravencional, definiendo a qué se puede entender como ?ostensible? y otorgando mayor poder a la Policía.
A diferencia de la actual normativa que expresamente señala que ?en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales?, la iniciativa del oficialismo porteño propone que ?a los efectos de definir el carácter ostensible al que hace referencia esta contravención?, se tomará en cuenta ?la forma en la cual se encuentren vestidas las personas que ofrezcan o demanden servicios de carácter sexual, muestren, sugieran, o, de cualquier forma, permitan ver las partes íntimas de cualquiera de ellas, sea a través del uso de prendas interiores, lencería erótica, o directamente con actos de desnudez, a la vista del público?.
?Nuestro sistema judicial se presenta casi inoperante desde el punto de vista procesal, los fiscales deben convertirse en pesquisas, agentes de seguimiento operativo y hasta hábiles camarógrafos para probar una simple contravención. Por otro lado, las trabajadoras/res sexuales son desplazadas hacia un lugar y otro de la ciudad, son despreciadas y vilipendiadas por los vecinos del barrio donde ejercen su profesión. Por ello creo que ha llegado el momento de abordar el tema con rigor político y sentido democrático. El ir y venir de la balanza ideológica según los avatares y las conveniencias políticas perjudica a nuestros vecinos y a las trabajadoras/res sexuales?, señala el proyecto en sus fundamentos.
La propuesta también plantea dotar de mayor poder a las fuerzas de seguridad. En la legislación vigente, la Policía ?sólo puede proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal?, el texto que comenzará a trabajarse en breve dentro de la Comisión de Justicia plantea que ?la autoridad preventora puede por sí proceder al inicio de actuaciones dando inmediato aviso? a un fiscal.
?Hoy la Policía no puede hacer demasiado. Si ve a una persona prostituyéndose y a otro cerrando el precio por el servicio llama al fiscal y se encuentra con que si no cuentan con dos testigos del hecho y del momento en el que se produce el intercambio de dinero la fiscalía desestima el acta contravencional y pide que se deje constancia del hecho y se archive. Por eso y también por costumbre de conductas ilegales entre los agentes ya que el policía no vive con su sueldo sino que vive ?del garrón?, es común que al observar estos hechos se aproveche para obtener algún pago para evitar el inicio de una causa. La mayoría de la gente no sabe que el agente te corre con el ?chamullo? y que la causa no prosperaría?, describió a NU una fuente de la Policía Federal.
?Actualmente la caja se la están haciendo los de los móviles aprovechando el temor del consumidor de recibir una citación en su domicilio. Si se modifica la ley, y se le da a la Policía el poder de actuar sin consultar al fiscal sino únicamente dando aviso, el negocio va a cambiar. Se va a negociar con el que ofrece y no tanto con el que consume, y la plata no se la llevarán los dos agentes del móvil sino mensualmente la brigada, y por lo tanto, el comisario?, comentó el uniformado.
Entre las comisarías que, ante un cambio en la legislación, podrían verse beneficiadas con mayor poder de acción se encuentra la 23 (zona del Rosedal), la 19 (Godoy Cruz), la 17 (Recoleta), y la 16 (Constitución) entre otras. Los Federales? esperanzados.
