El gobernador Vidal y su amigo acusado por violación sexual
Un horror que transcurre en Caleta Olivia, al norte de Santa Cruz. Un personaje relacionado con el sector minero, autoridades, fiscales y legisladores enfrenta una causa judicial por abuso contra su propia hija. La pena podría alcanzar un máximo de 25 años de prisión.
Noticias Urbanas accedió en forma exclusiva a los detalles del expediente y a los testimonios que señalan al ciudadano de origen chileno Mario Palma Godoy. Su ex pareja, la madre de la niña, Laura Córdoba radicó la denuncia que todavía espera el sueño de los justos.
Para sumarle al infierno que vivió Laura, su hija mayor, producto de otra relación, tuvo que aguantar insultos mientras convivían bajo el mismo techo. Para utilizar un eufemismo vociferaba que la señorita, entonces una adolescente, era una prostituta.
Laura lo conoció en las aulas universitarias con 22 años. Era su profesor y lo envolvió –confiesa- con su palabra de sueños filosóficos. Convivieron más de una década y ella dice que tuvo señales de alerta.
Godoy Palma engorda su curriculum con más de veinte señalamientos por acoso laboral y persecución en la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPA) por parte del personal docente. La profesora Adriana Casati asegura que tuvo que dejar su cátedra de metodología de investigación científica por “el permanente maltrato” que recibió por parte de esta persona. El acosador fue exonerado.
En el caso de A., hija de ambos, la pericia sicológica es contundente. Espantosa y digna del peor castigo divino. La profesional a cargo del estudio es Belén Romero (m.p. 386). El estudio, realizado en 2023, indica que A. se presenta a las entrevistas “severamente desorganizada psíquicamente, acompañada de una angustia aguda, sin dormir las últimas 72 horas, privándose de la alimentación y padeciendo síntomas físicos de agitación, mareos nauseas, etc.”.
La menor expresa “su negación rotunda de volver a ver a su padre Mario. Revela que el progenitor “le depilo el vello púbico” y que no puede despojarse “de la sensación del cuerpo de las manos de su padre en sus partes íntimas, escena que se repite constantemente”.
También revela “haber sido besada por su padre” e inducida a dormir desnuda “sin ropa interior o pijama”.
La madre con toda la angustia en sus espaldas revela que la chica pensó en quitarse la vida.
En otra presentación judicial al autor del presunto “delito de abuso sexual calificado” le imponen una medida cautelar de acercamiento con la menor.
Desde el punto de vista familiar Laura es hija del ex intendente y diputado nacional José Manuel Córdoba, dirigente petrolero y de extracción peronista. En diálogo con Noticias Urbanas, Córdoba es contundente. “Palma Godoy está relacionado con el gobernador Vidal por su supuesta actividad con empresas mineras nacionales (Jujuy, Sata Cruz, Neuquén) con el ex senador Nicolás Fernández (quien presidió la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la nación), y con el ex vicegobernador, Fernando Cotillo, quien “le dio cinco cargos ñoquis” en la provincia.
Hombre de tono manso Córdoba. Sin embargo, dice que alguna vez pensó en tomar otras medidas. En lenguaje de amigos hacer justicia por propias manos. Con los chicos no. Con nadie.
Laura es incisiva. “Basta de silencio. Hay que denunciar a los abusadores que están encubiertos por el poder político y universitario de Santa Cruz”.
“En mi caso particular me siento con la voz de acompañar a las mujeres víctimas de acoso y de violencia y recordar todos los casos que ocurrieron en los claustros universitarios” y que su ex pareja “pague con todas las de la ley y mi deseo es que sea condenado a la pena máxima por los delitos que cometió y que mi hija termine con el calvario que arrastra desde hace años”, agrega.
El poder judicial de Caleta Olivia, ciudad de 80 mil habitantes en el norte santacruceño cajonea el expediente. Podrían tomar velocidad como el fiscal Pollicita en la causa de Manuel “quinchote” Adorni. Pero nada de eso sucede.
En los tribunales de “Caleta py” el silencio es atroz, nadie atiende un telefóno. El fiscal del caso es Alexis Quintana que tampoco responde a la requisitoria de NU. Su primo, Gabriel Jenkins, otro abogado local, advierte que “hay que tener cuidado, es un ladino”.