PJ busca ordenar sus distritos tras fallos adversos
El Congreso Nacional del Partido Justicialista avanzó el martes con la designación de “normalizadores” para los PJ de Salta y Jujuy, en una jugada política orientada a contrarrestar los recientes fallos judiciales que intervinieron las estructuras partidarias en ambas provincias. La conducción del peronismo, encabezada por Cristina Kirchner, busca así sostener el control político interno mientras continúan las apelaciones presentadas ante la Justicia electoral.
Durante la reunión partidaria realizada en la sede del PJ nacional de la calle Matheu, el congreso designó al exdiputado salteño Pablo Kosiner y a la exsenadora Nora Canunni como normalizadores en Salta. En paralelo, para el PJ jujeño fueron nombrados la diputada Teresa García y el dirigente Máximo Rodríguez. La estrategia apunta a que esos dirigentes asuman formalmente en caso de que prosperen las apelaciones contra las intervenciones judiciales dictadas en ambas provincias.
La decisión del justicialismo se produjo luego de que la jueza federal María Servini dispusiera la intervención judicial del PJ salteño y designara al dirigente José Luis Gambetta como interventor. Gambetta responde políticamente al gobernador Gustavo Sáenz y al exsenador Juan Carlos Romero, sectores enfrentados con la conducción kirchnerista del partido. La intervención había dejado sin efecto la tarea que venían realizando Kosiner y Canunni como enviados del PJ nacional.
El Congreso Nacional del PJ resolvió sostener las intervenciones partidarias en Salta y Jujuy y delegó facultades para apelar las decisiones judiciales que avanzaron sobre ambos distritos. En Salta, lo harán Pablo Kosiner y Norma Cannuni; en Jujuy, será Máximo Rodríguez.
— Maira Lopez (@MairaLopez08) May 19, 2026
En Jujuy, el conflicto interno presenta características similares. El juez federal Esteban Hansen desplazó a los interventores designados por el PJ nacional -Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez- y nombró en su lugar al funcionario salteño Ricardo Villada. Además, dejó sin efecto sanciones partidarias contra más de 300 afiliados jujeños acusados de respaldar listas opositoras o acompañar proyectos impulsados por el gobierno nacional y el provincial.
La disputa refleja la creciente tensión entre el kirchnerismo y sectores del denominado peronismo federal en varias provincias del norte argentino. En el entorno de Cristina Kirchner consideran que las intervenciones judiciales afectan la autonomía partidaria y buscan limitar el control político de la conducción nacional sobre las estructuras provinciales. En cambio, dirigentes desplazados cuestionan el accionar de La Cámpora y denuncian intentos de disciplinamiento interno.
Mientras tanto, el PJ intenta avanzar con un cronograma de normalización que incluye elecciones internas previstas para octubre. Sin embargo, el conflicto judicial mantiene abierta una fuerte disputa política dentro del peronismo, con consecuencias que podrían impactar en la reorganización opositora rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.
