Publicado: 27/02/2026 UTC Nación Por: Redacción NU

El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14

El proyecto contó con el apoyo de la oposición dialoguista.
El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14
Redacción NU
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patricia bullrich

El Senado de la Nación Argentina aprobó este viernes 27 de febrero de 2026 la reforma del Régimen Penal Juvenil, una normativa que incluye la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en el sistema judicial penal. La iniciativa se convirtió en ley en el marco de la última sesión del período de sesiones extraordinarias, con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

La reforma, que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados y fue impulsada originalmente desde el Ministerio de Seguridad cuando lo dirigía Patricia Bullrich, fue defendida por la senadora oficialista como un paso necesario para enfrentar la delincuencia juvenil. Bullrich sostuvo que “el delito no tiene edad” y que el nuevo marco legal busca “proteger a las familias” ante hechos graves cometidos por adolescentes.

Desde los sectores opositores, especialmente el peronismo, la aprobación despertó fuertes críticas. Los opositores argumentaron que la ley pone énfasis en el castigo y no en políticas de prevención ni en el acompañamiento integral a la infancia y adolescencia. Además, señalaron que los fondos presupuestarios previstos -aproximadamente $23.700 millones- son insuficientes para implementar el sistema en las distintas provincias del país.

Según explican los fundamentos de la nueva legislación, el objetivo es crear un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos y garantías adaptados a su edad. El texto vigente excluye que menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos y establece principios como proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad.

La ley contempla un esquema de sanciones diversificadas, que incluye desde medidas educativas y comunitarias hasta monitoreo electrónico y, únicamente en casos de delitos graves, privación de libertad con límites estrictos de tiempo. También se incorpora la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar el proceso de reinserción de los adolescentes.

El capítulo dedicado a las víctimas también fue destacado por los legisladores oficialistas: la normativa garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata a quienes resulten afectados por hechos delictivos, así como la posibilidad de participar en audiencias y en instancias restaurativas dentro del proceso penal juvenil.

Tras la votación, la ley ahora espera su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia. La sanción se da en un contexto de intensos debates públicos sobre seguridad, derechos de la niñez y adolescencia, y eficacia de las políticas penales, en medio de un clima político polarizado en Argentina.

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