Golpe a la FAM y al Círculo de Legisladores: la Ley Hojarasca arrasa con su financiamiento
El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto conocido como "Ley Hojarasca", una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar aproximadamente 70 normas consideradas obsoletas y suprimir el financiamiento estatal de dos entidades con fuerte presencia política: la Federación Argentina de Municipios (FAM) y el Círculo de Legisladores.
La versión del proyecto fue remitida el jueves a la Cámara de Diputados luego de haber perdido estado parlamentario en 2024. El oficialismo confía en poder tramitarlo este año gracias a la nueva coalición parlamentaria que conformó junto a Fuerzas del Cambio, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo e Innovación Federal.
Ultimando el envío de la “Ley Hojarasca” y preparando el próximo paquete de desregulación que enviaremos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/F1hxlsDXi1
— Manuel Adorni (@madorni) March 25, 2026
Entre los puntos más polémicos del texto figura la prohibición de que la FAM reciba recursos del Estado nacional o de organismos en los que el Estado tenga participación, sean éstos autárquicos o sociedades estatales. La normativa establece que la Federación deberá financiarse con aportes de sus socios, donaciones y subvenciones de personas o empresas nacionales o extranjeras, y por convenios y acuerdos con organismos subnacionales e internacionales, tanto públicos como privados y ONG.
En términos similares, el proyecto quita la posibilidad de que el Círculo de Legisladores reciba fondos públicos: podrá seguir funcionando únicamente si consigue financiamiento propio, que deberá provenir de la cuota social fijada por su comisión directiva, contribuciones, donaciones, legados y otras fuentes privadas, excluyendo expresamente aportes del Estado nacional y de entidades estatales.
La iniciativa también incluye la derogación de normas que, según el Ejecutivo, restringen libertades o resultan anacrónicas. Entre ellas aparecen leyes sancionadas en distintos gobiernos del siglo XX, algunas de corte represivo: una norma del gobierno de Juan Domingo Perón que imponía pena de prisión a quienes defendieran en ámbitos internacionales los derechos humanos en el país; medidas de la dictadura de Juan Carlos Onganía que controlaban la disponibilidad de papel para diarios; y disposiciones de los gobiernos militares de Alejandro Lanusse que regulaban la difusión de música o exigían avisos previos para reuniones públicas en recintos cerrados, facultando la entrada policial.
También figura la eliminación de una ley de la gestión de Isabel Perón que otorgaba a los legisladores libre circulación y estacionamiento, y la anulación de la norma que obligaba a medios radiales y televisivos a destinar al menos 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
Otro cambio pensado para incentivar el sector cultural afecta al cine: se propone suprimir la ley que financia sorteos entre compradores de entradas mediante un impuesto a la industria cinematográfica. El Gobierno argumenta que ese gravamen encarece las entradas y termina perjudicando tanto a los usuarios como al propio sector, además de señalar que la participación en esos sorteos es mínima y que los costos burocráticos de organizarlos superan los premios.
El envío de la Ley Hojarasca inaugura un nuevo capítulo en la agenda legislativa del Ejecutivo, que apuesta a avanzar con una lista de derogaciones que, según sus promotores, modernizarán el ordenamiento jurídico y eliminarán cargas innecesarias. La propuesta desató ya reacciones por la decisión de cortar vías de financiamiento a estructuras municipales con amplia base territorial, lo que promete debate intenso en las próximas semanas en el Congreso.
