El Senado demora el dictamen y frena límites a la venta de tierras

El Senado de la Nación dio un paso clave en el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada al habilitar el pase a la firma del dictamen en un plenario conjunto. La iniciativa, que había regresado con modificaciones sustanciales desde la Cámara de Diputados, se encamina a su debate definitivo en el recinto tras intensas semanas de negociaciones parlamentarias y reacomodamientos estratégicos entre el oficialismo y los bloques aliados.

El núcleo de la discusión legislativa se centró en la restitución de los límites a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros, un capítulo histórico que había sido alterado inicialmente por el Poder Ejecutivo. Tras un acuerdo político en la Cámara baja, el texto en revisión reincorporó los parámetros establecidos por la Ley de Tierras, logrando desactivar tensiones y destrabar el escenario normativo en el ámbito parlamentario.

Entre los puntos centrales que el Senado evalúa ratificar se encuentran los artículos orientados a endurecer los mecanismos de protección contra expropiaciones arbitrarias, la agilización de los procedimientos de desalojo tanto para inmuebles urbanos como rurales, y el fortalecimiento de las herramientas registrales para la seguridad jurídica. Estos apartados conservan el respaldo transversal de los sectores que priorizan blindar las garantías constitucionales del derecho de dominio.

La estrategia del oficialismo en la Cámara alta requirió ceder en la redacción original para sumar los apoyos necesarios de gobernadores y legisladores dialoguistas. La inclusión de las salvaguardas sobre la propiedad rural funcionó como puente legislativo para aislar los intentos opositores de rechazar de plano el núcleo del proyecto y asegurar los votos indispensables para la aprobación en el recinto.

Desde el punto de vista político, la tramitación de esta ley refleja el complejo equilibrio que atraviesa el Parlamento nacional, donde la minoría oficialista se ve obligada a tejer consensos puntuales artículo por artículo. La incorporación de la normativa sobre dominio extranjero constituyó una concesión pragmática para evitar derrotas legislativas mayores y encaminar una de las banderas económicas impulsadas por el Gobierno.

Con el paso a la firma concretado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el expediente quedó listo para ser incluido en la próxima labor parlamentaria y debatido en sesión ordinaria. De prosperar sin nuevas modificaciones, la ley quedará sancionada de forma definitiva, clausurando un intenso debate sobre los alcances del derecho de propiedad y la soberanía territorial en el país.