La Justicia ordenó preservar las cámaras por el paso de Bolsonaro por la Argentina
La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso una serie de medidas preliminares de prueba en una de las denuncias radicadas en Comodoro Py 2002 contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios. El requerimiento se vincula con la presunta colaboración en el operativo que facilitó la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.
Entre las diligencias ordenadas figura el pedido de preservación de las filmaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes a los días 27 y 28 de octubre. La fiscal del caso, Paloma Ochoa, había solicitado estas medidas antes de que se resuelva si se impulsa formalmente la investigación.
Además, se libraron oficios para indagar si las autoridades argentinas recibieron alguna notificación oficial o alerta desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro. El senador partió desde ese aeropuerto rumbo a Miami a bordo de un vuelo privado, acompañado por su esposa y sus dos hijas.
La magistrada también requirió a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los controles realizados al avión y a sus pasajeros. Según fuentes judiciales, estas acciones buscan esclarecer el rol que habrían tenido los organismos estatales en el ingreso y la posterior salida del dirigente brasileño.
La denuncia original fue presentada por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano. En ella se imputan delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. Solano sostiene que Milei no podía desconocer las restricciones para salir de Brasil dispuestas por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
En forma paralela, la fiscalía de Puerto Iguazú también impulsó medidas de prueba tras recibir una denuncia similar de la diputada Marcela Pagano. Las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar, mientras se evalúa si corresponde avanzar con una investigación formal sobre los hechos denunciados.
