Publicado: 29/10/2026 UTC Nación Por: Redacción NU

“Podría llevar años”: la ONU enfrió las expectativas de CFK por su condena

El Comité de Derechos Humanos aclaró que todavía no decidió si revisará las presentaciones de la defensa y que el proceso podría extenderse por varios años.
“Podría llevar años”: la ONU enfrió las expectativas de CFK por su condena
Redacción NU
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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner. Según informó el organismo, “una decisión sobre el caso no es inminente” y podría demorarse “varios años” debido al volumen de casos que tiene en tratamiento.

La respuesta del Comité se produjo luego de una consulta formulada por el equipo de abogados de la exmandataria. En el documento, el organismo explicó que, “habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”.




Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego habían presentado el 29 de septiembre una formal ante el Comité para que se revise la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en la causa Vialidad y confirmada por la Corte Suprema en junio del año pasado. En esa presentación solicitaron también la suspensión de la pena de inhabilitación.

En una adenda posterior, los abogados denunciaron una serie de actos de intimidación contra Cristina Kirchner tras hacerse pública su presentación ante la ONU. Entre ellos mencionaron declaraciones de jueces que intervinieron en la causa, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei.

Además, los defensores incorporaron un nuevo elemento probatorio que consideran decisivo: cuestionaron que la condena se haya basado en el Decreto 54/2009 y en el uso de recursos del fideicomiso vial SISVIAL para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, sin que se hubieran producido las pruebas sobre el destino efectivo de esos fondos que la defensa había solicitado.

Finalmente, la adenda rechazó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento del departamento de Recoleta de la expresidenta, en el que aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales. Los abogados sostuvieron que esa difusión constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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